Un abogado que representa al expresidente Donald Trump dijo que su equipo impugnará la decisión que emitió un juez de Nueva York la semana pasada, apuntando a la definición de fraude de ese juez.
El viernes pasado, el juez Arthur Engoron dictaminó que el expresidente es responsable de una multa de USD 355 millones y no puede operar su Organización Trump en el estado de Nueva York durante tres años.
«El caso plantea serias cuestiones legales y constitucionales con respecto a las reclamaciones/declaraciones de ‘fraude’ sin ningún fraude real», dijo Chris Kise, exabogado en el caso, a Newsweek el lunes.
En cuanto a la apelación de la causa, el abogado dijo que «dependerá de muchos factores, por lo que es difícil decirlo en este momento, pero en cualquier caso, entrará dentro del reloj de 30 días» según las normas de la corte.
En 2022, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, presentó una demanda contra el expresidente, sus dos hijos Eric y Donald Jr, la Organización Trump y varias personas más. Semanas antes de que comenzara el juicio, el juez Engoron dictaminó que el presidente Trump infló su patrimonio para obtener mejores préstamos.
Además de la sentencia contra el expresidente Trump, el juez dictaminó que los hijos Donald Jr. y Eric tienen que pagar USD 4 millones cada uno y también se les prohíbe hacer negocios en el estado de Nueva York durante dos años. A dos ejecutivos de la empresa, Allen Weisselberg y Jeff McConney, se les prohibió ejercer como directivos de la empresa durante tres años.
«Se trata de un pecado venial, no mortal», escribió el juez Engoron. «No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus actos».
Dijo que su «total falta de contrición y remordimiento raya en lo patológico» y «los fraudes aquí encontrados saltan de la página y sacuden la conciencia».
Los acusados en el caso, incluido el presidente Trump, dijeron que eran inocentes y afirmaron que el juez y James están actuando de una manera políticamente motivada para apuntar al expresidente, que es actualmente el favorito presidencial republicano para 2024, según numerosas encuestas.
Durante el juicio, el presidente Trump calificó al juez Engoron de «extremadamente hostil» y a la señora James de «pirata político». También incurrió en multas de USD15,000 por violar una orden de silencio que el juez le impuso después de que hiciera una publicación despectiva y falsa en las redes sociales sobre un empleado clave de la corte.
Mientras testificaba, el expresidente Trump dijo que sus declaraciones financieras en realidad subestimaban su patrimonio neto. Él sostiene que vale varios USD miles de millones y testificó el año pasado que tenía unos 400 millones de dólares en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.
Reiterando su testimonio, el presidente Trump dijo la semana pasada: «No hubo víctimas porque los bancos ganaron mucho dinero».
Un exbanquero de Trump en el Deutsche Bank, David Williams, también dijo en noviembre que el banco ajustó el patrimonio neto del expresidente Trump a USD 2600 millones desde los USD 4900 millones que había declarado. Pero tal revisión, añadió, «no es inusual ni atípica».
El mes pasado, un jurado ordenó al expresidente pagar USD 83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella le acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Eso se suma a los USD 5 millones que un jurado otorgó a la Sra. Carroll en un juicio relacionado el año pasado.
En 2022, la Organización Trump fue condenada por fraude fiscal y multada con USD 1.6 millones en un caso criminal no relacionado.
Aparte de esos casos, el expresidente Trump se enfrenta a un juicio en Manhattan el próximo mes por presunta falsificación de registros comerciales relacionados con pagos que hizo hacia el final de la campaña de 2016. El expresidente se ha declarado inocente en el caso, que está siendo llevado por el fiscal de distrito demócrata de Manhattan Alvin Bragg.
Ha dicho que Bragg y el juez Juan Merchan, que preside el caso, tienen un sesgo político en su contra.
¿Apelación?
En caso de que el expresidente Trump apele la decisión, un analista legal dijo que depende de su argumento de que no hubo víctimas.
«Es inusual, y esa es una de las cuestiones aquí», dijo el abogado de defensa criminal de cuello blanco Paul DerOhannesian, informó Reuters. «Realmente no hemos visto este tipo de procedimiento antes contra una empresa muy grande de Nueva York».
El profesor de derecho de la Universidad de Syracuse Gregory Germain pareció rebatir el caso, diciendo a Reuters que «el trabajo del fiscal general es proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas», y añadió que «estamos tratando con prestamistas muy sofisticados que son plenamente capaces de protegerse a sí mismos y no han pedido ayuda al fiscal general».
«Creo que los jueces van a tener que examinar cuidadosamente cuáles son los poderes del fiscal general aquí», dijo Germain. «¿Son tan amplios que cualquier mentira puede dejarte fuera del negocio, aunque nadie se la haya creído?».
Tras la sentencia del juez Engoron, ha habido advertencias de que las empresas podrían no querer operar fuera del estado de Nueva York, lo que podría provocar una recesión en la economía del estado. Eso llevó a la gobernadora Kathy Hochul a intentar tranquilizar a las empresas asegurándoles que no tienen «nada de qué preocuparse» tras la sentencia.
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