Trump pide derogar la Sección 230 luego que Facebook y Twitter limitaran difusión de historia de Biden

Por Tom Ozimek
15 de octubre de 2020 11:28 AM Actualizado: 15 de octubre de 2020 11:28 AM

El presidente Donald Trump criticó el miércoles la decisión de Facebook y Twitter de limitar la difusión de un artículo del New York Post sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, y pidió la derogación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

«Tan terrible que Facebook y Twitter quitaron la historia de los correos electrónicos (…) relacionados con el dormilón Joe Biden y su hijo Hunter en el @nypost», escribió Trump en un tuit, refiriéndose a una historia sobre Hunter Biden que Facebook y Twitter limitaron para evitar que la gente la difundiera.

La historia se centraba en supuestos documentos y fotografías de un disco duro obtenido por el New York Post, que incluía un supuesto correo electrónico en el que se indicaba que Hunter Biden presentó a su padre, que ocupaba la vicepresidencia, a un alto ejecutivo ucraniano del sector del gas natural a petición de Hunter. Biden dijo previamente que «nunca ha hablado» con su hijo «sobre sus negocios en el extranjero».

La campaña de Biden respondió a las afirmaciones que aparecen en el artículo del New York Post el miércoles por la tarde.

«Las investigaciones de la prensa durante el juicio político, e incluso las de dos comités del Senado liderados por republicanos cuyo trabajo fue calificado como ‘no legítimo’ y político por un colega republicano, han llegado a la misma conclusión: que Joe Biden llevó a cabo la política oficial de EE.UU. en Ucrania y que no cometió ninguna irregularidad. Varios funcionarios de la administración Trump han atestiguado estos hechos bajo juramento», dijo el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, en unas declaraciones a los medios de comunicación.

En su tuit, Trump pidió la derogación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las empresas de tecnología de cualquier responsabilidad por el contenido publicado en sus plataformas, aunque les permite moderarlo. Si bien los editores pueden ser considerados responsables por cualquier contenido que publiquen, las plataformas de redes sociales están protegidas por el artículo 230, en el que se establece que «ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido informativo».

La ley permite actualmente a las empresas bloquear o filtrar «de buena fe» algunos contenidos si los consideran «obscenos, lascivos, sucios, excesivamente violentos, acosadores o de alguna otra manera objetables». Pero en los últimos años, las protecciones legales otorgadas han sido utilizadas para proteger a las plataformas en internet que se dedican a la «censura» o a la «conducta política», según escribió el fiscal general William Barr en una carta fechada el mes de septiembre al vicepresidente Mike Pence y a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi (D-Calif.). Barr anunció una propuesta legislativa «para modernizar y aclarar la inmunidad» que la Sección 230 otorga a las empresas que manejan las redes sociales.

«Ya no funcionan como simples foros para publicar contenido de terceros, sino que utilizan sofisticados algoritmos para sugerir y promover el contenido y conectar a los usuarios. Las plataformas pueden utilizar este poder para bien, promoviendo la libertad de expresión y el intercambio de ideas, [pero también] (…) pueden abusar de este poder, censurando la expresión lícita y promoviendo ciertas ideas por encima de otras», escribió Barr.

Algunas de las propuestas incluyen la sustitución de términos vagos como «de alguna otra manera objetables» por un lenguaje más específico, por ejemplo, «que promueva el terrorismo, fomente el extremismo violento, promueva la autolesión y sea ilegal», a fin de evitar interpretaciones amplias de la ley. Las propuestas legislativas también limitan la inmunidad de las plataformas en internet que no respetan sus propias condiciones de servicio o las declaraciones públicas al no aplicar de forma coherente sus condiciones de servicio.

La industria de la tecnología se ha resistido a los planes de modernizar o revocar la Sección 230, diciendo que las propuestas del Departamento de Justicia podrían limitar la capacidad de las personas para expresarse en internet.

«Los pequeñas comunidades LISTSERV, los foros religiosos y cualquier otra persona que aloje y modere contenidos en internet se enfrentarían a nuevas restricciones y requisitos legales en cada decisión de contenido. Los actuales métodos de moderación de buena fe que eliminan cosas como la desinformación, la manipulación de la plataforma y el ciberacoso resultarían en demandas bajo esta propuesta. Incluso comentar el mensaje de otro individuo podría desencadenar una avalancha de litigios contra un foro online o un individuo. Esta propuesta no hará que los estadounidenses estén más seguros en internet y, en cambio, limitará fundamentalmente la capacidad de los servicios online a la hora de crear comunidades para que las personas se expresen», dijo en un comunicado la consejera general adjunta de la Internet Association, Elizabeth Banker. La Internet Association es un grupo de presión que representa a varias empresas de internet.

La Sección 230 permaneció en el punto de mira durante los últimos años después de que legisladores de ambos partidos plantearan sus preocupaciones sobre la forma en que las empresas de internet manejan la desinformación y los discursos de incitación al odio. Varios legisladores han hecho varias propuestas para enmendar la ley, entre ellas los senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Josh Hawley (R-Mo.), cuya Ley de Limitación de la Inmunidad de la Sección 230 a los Buenos Samaritanos (Limiting Section 230 Immunity to Good Samaritans Act) tiene por objeto responsabilizar a las empresas de internet por la censura de discursos políticos y por la ocultación de contenidos creados por competidores.

Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de mayo en la que se ordena a los organismos federales que elaboren reglamentos que protejan a los usuarios de las prácticas injustas o engañosas de restricción de contenidos empleadas por las plataformas en internet.

Mimi Nguyen-Ly y Peter Svab contribuyeron a la elaboración de este artículo.

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