El abogado del expresidente Donald Trump confirmó el miércoles que está buscando una sentencia contraria en el juicio por fraude civil de su cliente por USD 355 millones, según documentos judiciales.
El abogado, Clifford Robert, presentó una carta en la corte civil de Nueva York al juez Arthur Engoron, diciendo que el fallo y la prohibición al presidente Trump de hacer negocios en el estado durante varios años fueron injustos.
Notablemente, argumentó, al expresidente se le negó la oportunidad de hablar en contra del fallo antes de que el juez lo presentara.
«Dado que la decisión conlleva ordinariamente una reparación más complicada, la instrucción contempla la notificación a la parte contraria para que ambas partes puedan acordar un borrador o preparar contrapropuestas que se dirimirán ante la corte», argumentó el abogado.
Debido a que a su cliente se le negó la posibilidad de ofrecer una contrapropuesta, Robert dijo: «Por lo tanto, los demandados solicitan que la Corte fije una fecha de retorno para la Sentencia Propuesta que permita a los demandados tiempo suficiente para presentar una contrapropuesta».
«Privar a los demandados de la oportunidad de presentar una propuesta de sentencia contraria sería contrario a la equidad fundamental y al debido proceso», añadió.
Hace varias semanas, Robert envió una carta al juez Engoron en respuesta a la solicitud de información del juez sobre el posible acuerdo de culpabilidad de Allen Weisselberg, funcionario de la Organización Trump, después de que un artículo del New York Times hiciera la acusación.
«El artículo simplemente no proporciona ninguna base de principio para que la Corte reabra el expediente o cuestione la veracidad del testimonio del señor Weisselberg en este caso», escribió el abogado en la carta a principios de febrero.
«De hecho, respetuosamente afirmamos que la solicitud de la Corte para comentar este relato especulativo de los medios de comunicación no tiene precedentes, es inapropiada y preocupante», agregó, mientras que su colega abogada de Trump, Alina Habba, dijo a la corte que el artículo del NY Times no es «ni admisible ni confiable».
Días después, el juez emitió una respuesta tajante, afirmando que la carta estaba «completamente fuera de lugar», según los informes. «Usted y su co-abogada han estado cuestionando mi imparcialidad desde los primeros días de este caso, presumiblemente porque a veces fallo en contra de sus clientes», escribió el juez Engoron.
El 16 de febrero, el juez dictaminó que el expresidente Trump, su empresa, sus dos hijos mayores y otros funcionarios de la compañía deben pagar USD 355 millones, argumentando que el expresidente y otros tergiversaron su riqueza para obtener préstamos bancarios y acuerdos de seguros más favorables.
Además, en un fallo anterior, el juez Engoron acusó al expresidente y a su compañía de inflar excesivamente el valor de sus propiedades, lo que despertó la preocupación de múltiples profesionales inmobiliarios que sugirieron que el juez no entiende del todo cómo funcionan los mercados inmobiliarios y las tasaciones.
La orden también obliga a una reorganización en la cúpula de la Organización Trump, poniendo a la empresa bajo supervisión judicial y restringiendo su forma de hacer negocios. El presidente Trump, sus hijos y los demás tienen prohibido hacer negocios durante varios años cada uno.
El juez Engoron, demócrata, llegó a la conclusión de que era «probable que el expresidente y su empresa continuaran con sus prácticas fraudulentas» sin las sanciones y controles que impuso. También concluyó que Trump y sus coacusados «no aceptaron su responsabilidad» y que los expertos que testificaron a su favor «simplemente negaron la realidad».
Dijo que su «completa falta de contrición y remordimiento raya en lo patológico» y que «los fraudes encontrados aquí saltan de la página y sacuden la conciencia».
El caso fue presentado por la fiscal general demócrata Letitia James, quien dijo la semana pasada que el fallo representa «una tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos jugar con las mismas reglas, incluso los expresidentes».
«Interferencia electoral»
Mientras tanto, el expresidente dijo que la decisión era una «inferencia electoral» y un «ataque contra un oponente político», quejándose a los periodistas en su finca Mar-a-Lago en Florida de que estaba siendo penalizado por «haber construido una empresa perfecta, un gran dinero en efectivo, grandes edificios, gran todo».
El expresidente Trump, uno de los 40 testigos que declararán en el juicio, dijo que sus declaraciones financieras en realidad subestimaban su patrimonio neto. También mantiene que vale varios USD miles de millones y testificó el año pasado que tenía unos USD 400 millones en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.
«No hubo víctimas porque los bancos ganaron mucho dinero», declaró a la prensa la semana pasada.
Los abogados del expresidente han indicado que recurrirán la sentencia y están dispuestos a pagar la fianza de casi 400 millones de dólares para hacerlo.
«Puedo decirles cuáles son las normas. En un plazo de 30 días, incluso si decidimos apelar, y lo haremos, tenemos que pagar la fianza, que es la cantidad total y algo más», dijo Habba durante una entrevista en Fox News el 19 de febrero.
Otro abogado de Trump, Christopher Kise, dijo el 19 de febrero que su equipo planea apelar la decisión y centrarse en la definición de fraude del juez. «El caso plantea serias cuestiones legales y constitucionales con respecto a las reclamaciones de ‘fraude’ sin ningún fraude real», dijo Kise.
Con información de The Associated Press.
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