El 7 de agosto, la administración Trump sancionó a la líder de Hong Kong Carrie Lam y a otros 10 funcionarios de Hong Kong y China por socavar la autonomía y las libertades de la ciudad.
Además de Lam, se sancionó a otros seis funcionarios de Hong Kong, incluidos los actuales jefes de policía de Hong Kong y los anteriores, y los secretarios de seguridad y justicia de la ciudad. También se sancionó a cuatro funcionarios chinos, entre ellos el jefe de la Oficina de Enlace (la oficina de representación de Beijing en la ciudad) y el jefe de una oficina del gobierno central para la gestión de los asuntos de Hong Kong en Beijing.
Las sanciones congelan los activos estadounidenses que poseen los funcionarios y, en general, impiden a los estadounidenses hacer negocios con ellos.
Las medidas se impusieron en respuesta a la aplicación por parte de Beijing de una ley de seguridad nacional para la ciudad, que ha provocado un mayor control autoritario sobre la urbe, dijo la administración Trump.
«Esta ley, supuestamente promulgada para ‘salvaguardar’ la seguridad de Hong Kong, es de hecho una herramienta de represión del PCCh [Partido Comunista Chino]», dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una declaración del viernes, añadiendo que violaba la promesa de Beijing de mantener la autonomía del territorio tras la transferencia de la soberanía del gobierno británico al chino en 1997.
En el mes desde que la ley entró en vigor, el gobierno de Hong Kong ha intensificado los intentos de frenar las libertades de la ciudad. Las autoridades aplazaron un año las elecciones legislativas previstas para septiembre, alegando temores por la COVID-19, y descalificaron a 12 candidatos prodemocracia que ganaron votos en una primaria no oficial.
También se prohibieron varios lemas populares usados en las protestas.
El 6 de agosto, el gobierno acusó a 24 activistas prodemocracia que asistieron a una vigilia para conmemorar a las víctimas de la brutal represión por parte de Beijing de las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989, acusándolos de «participar a sabiendas en una asamblea no autorizada». La policía había prohibido la vigilia este año por la pandemia, aunque muchos hongkoneses se presentaron a pesar de todo en el lugar previsto en señal de desafío.
También se han imputados cargos contra varios activistas prodemocracia, incluyendo a los que residen fuera de Hong Kong, por violar la nueva ley.
Pompeo dijo que Lam y seis miembros de su administración fueron sancionados por su papel en el desarrollo y la aplicación de la ley de seguridad nacional, y también por «coaccionar, arrestar, detener o encarcelar a personas» en virtud de dicha ley.
Dijo que los funcionarios chinos, que son los principales funcionarios del PCCh encargados de promulgar las políticas de Hong Kong, fueron sancionados por participar en acciones que «amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la autonomía de Hong Kong».
Entre los sancionados se encuentra Zheng Yanxiong, designado por Beijing para dirigir una nueva oficina de seguridad nacional en la ciudad. La oficina fue creada bajo la nueva ley, y depende directamente de Beijing. La oficina está exenta de la jurisdicción del gobierno de Hong Kong y ejerce la supervisión de la aplicación de la ley.
Otro funcionario afectado por las sanciones, Zhang Xiaoming, es subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, el principal organismo de Beijing para la gestión de los asuntos de tales territorios. Ha defendido repetidamente las políticas de Beijing sobre Hong Kong y la ley de seguridad nacional, calificándola como «asuntos internos» de China.
Tras anunciarse las sanciones, el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin dijo en una declaración: «Estados Unidos está con el pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y poderes para atacar a aquellos que socavan su autonomía».
Las sanciones se aplicaron para cumplir una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el 16 de julio, que puso fin al estatuto especial de Hong Kong con los Estados Unidos, después de que la administración considerara que el territorio ya no era suficientemente autónomo de la China continental. Ese día, Trump también firmó un proyecto de ley que sancionaría a los funcionarios y bancos implicados en la represión de las libertades de la ciudad.
La administración Trump ha intensificado recientemente sus acciones para contrarrestar las amenazas de Beijing. En julio, Estados Unidos sancionó a varios funcionarios del Partido Comunista Chino por su papel en los abusos a los derechos humanos en la región de Xinjiang. El 7 de agosto, Trump emitió órdenes ejecutivas para prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con los propietarios chinos de TikTok y WeChat (ByteDance y Tencent Holdings respectivamente).
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