La Unión Europea (UE) emitió sanciones restrictivas este lunes contra ocho personas más–incluida la esposa del presidente, Rosario Murillo–en medio del agravamiento de la situación política en Nicaragua en los últimos meses tras los constantes arrestos a la oposición por parte del gobierno de Daniel Ortega.
El Consejo de la Unión Europea señaló que estas medidas se impusieron a ocho individuos más «responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y/o cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo».
Además de Murillo, entre las ocho personas figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas.
También se incluye al hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo.
Los sancionados serán sometidos a congelación de activos, y tanto las empresas como los ciudadanos pertenecientes a la UE tienen prohibido proveerles de financiamiento. También tienen prohibido viajar a la UE o transitar por los 27 estados miembros de la UE.
El organismo recalcó además que las sanciones no perjudicarán a la población ni a la economía nicaragüense.
«El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense», dijo la UE en un comunicado el 2 de agosto.
«Las sanciones adicionales de hoy demuestran que la UE continúa dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua», agregó.
Las acciones tomadas por la UE suceden en medio de una tensa situación de derechos humanos en Nicaragua tras el arresto y persecución contra sus opositores previo a las elecciones generales del 7 de noviembre por parte del gobierno de Ortega.
Estas acciones del mandatario, señaló la UE, «socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral», que ya ha sido obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE.
El comunicado de la Unión Europea citó la detención del séptimo posible candidato presidencial llevada a cabo la semana pasada por parte del gobierno de Ortega, la cual «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones» de noviembre.
En octubre del 2019, el consejo de la Unión Europea estableció un marco de sanciones luego de la represión cometida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil en el país centroamericano.
El 4 de mayo de 2020, el consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
Este mismo lunes, en un hilo referido a los «presos políticos», la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, afirmó que «Estados Unidos y la comunidad internacional han observado con alarma cómo el régimen Ortega-Murillo ha negado cada vez más los derechos humanos a los nicaragüenses, ignorando los llamados para crear condiciones para elecciones libres y justas».
Con información de EFE.
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