Hasta 1.5 millones de inquilinos en California se enfrentan al desalojo y siguen teniendo dificultades para pagar el alquiler después de que terminaran muchas moratorias de alquiler establecidas por el COVID-19, según el fiscal general del estado, Rob Bonta.
La oficina de Bonta ha publicado unas directrices en las que pide a las fuerzas policiales de todo el estado que no respondan a los intentos ilegales de desalojar a los inquilinos que no pagan (pdf).
«Casi 1.5 millones de inquilinos en California corren el riesgo de ser desalojados, teniendo problemas para reunir el alquiler del próximo mes mientras el coste de la vida sigue aumentando», dijo Bonta en un comunicado del 13 de julio. «Si bien los propietarios pueden estar frustrados, tienen la responsabilidad de seguir los procedimientos adecuados si el desalojo es el siguiente paso necesario».
Eso significa que los propietarios deben presentar acciones judiciales en lugar de tomar el asunto en sus propias manos, según Bonta.
«No se pueden cambiar las cerraduras, cortar la luz o retirar bienes personales para obligar a un inquilino a abandonar su casa», dijo Bonta.
Los llamados desalojos hechos por «cuenta propia» son ilegales. Los propietarios podrían ser responsables civil o penalmente si no siguen los recursos legales, según el fiscal general.
La Fiscalía General no pudo decir cuántas quejas ha recibido la oficina porque esa información se considera confidencial, dijo la oficina de prensa de Bonta a The Epoch Times.
Alrededor de uno de cada siete inquilinos en el Estado Dorado se retrasa en el pago del alquiler, según el Instituto de Políticas Públicas de California.
Una gran mayoría —el 73%— de los que se han retrasado en el pago del alquiler lleva al menos un par de meses de retraso, y el 27% lleva cinco o más meses de retraso, según el instituto de políticas.
Hasta abril, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California había distribuido 2800 millones de dólares en ayudas federales de emergencia para el alquiler por el COVID a 252,000 hogares de alquiler, según el instituto.
Los inquilinos que tenían solicitudes de ayuda pendientes estaban protegidos contra el desalojo hasta junio.
Los departamentos del sheriff de todo el estado están empezando a ver cómo los casos de desalojo pasan por los tribunales después de haberse estancado durante meses durante la pandemia del COVID-19, dijo el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, a The Epoch Times. Honea también es presidente de la junta de la Asociación de Sheriffs del Estado de California.
«Al igual que muchas cosas que se pusieron en espera con el COVID, ahora estamos empezando a ver esos casos moverse a través del sistema, pero eso no es diferente de los casos penales. Vimos muchos casos penales que se retrasaron debido al COVID y ahora esos casos están empezando a moverse a través del sistema judicial», dijo Honea.
Los propietarios de viviendas de alquiler a veces intentan desalojar a los inquilinos cortándoles el agua o la electricidad, o quitándoles sus pertenencias y dejándolos fuera. Estas acciones son delitos menores y los agentes de la ley no deben ayudar a los propietarios en estos casos, según el fiscal general.
En su lugar, los policías deben instruir a los propietarios de viviendas de alquiler para que permitan a los inquilinos volver a la casa, dijo Bonta.
Las directrices no son nuevas, sino una reiteración de la ley existente, según Honea. «Si los propietarios quieren asegurarse de que no están violando el derecho penal ni se están convirtiendo en responsables civiles por mala conducta, deben buscar asesoramiento legal competente y luego seguir el proceso legal para obtener un desalojo en una orden emitida por el tribunal», dijo Honea.
Sin embargo, las órdenes judiciales de desalojo pueden tardar meses, especialmente tras los cierres de los tribunales y las moratorias de desalojo del periodo de la pandemia, dijo Dan Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, a The Epoch Times.
Muchos de los que perdieron sus empleos en la industria del entretenimiento, los restaurantes y los campos relacionados con los servicios siguen sin pagar el alquiler después de dos años y medio. Mientras tanto, los propietarios han visto aparecer autos nuevos en sus propiedades y fotos de inquilinos en las redes sociales viajando por todo el mundo mientras no pagan el alquiler, dijo Yukelson.
En Los Ángeles, los inquilinos que solicitan la desgravación o la protección del alquiler por el COVID-19 no tienen que presentar pruebas de sus condiciones.
«En muchos casos, los propietarios se quedan con las manos vacías y nunca van a cobrar el alquiler atrasado», dijo Yukelson.
En lugar de soportar las prolongadas y costosas acciones judiciales, muchos propietarios están probando otras formas de recuperar sus pérdidas, dijo. Algunos están denunciando la deuda de los inquilinos a las agencias de crédito, solicitando fondos estatales de ayuda o condonando la deuda y emitiendo declaraciones federales 1099-C a los inquilinos. El IRS exige a los inquilinos que paguen impuestos por cualquier deuda de más de 600 dólares contraída con los propietarios.
Además, la mayoría de los propietarios de viviendas de alquiler en el estado son pequeños empresarios. Dependen de los ingresos del alquiler para su jubilación y otros gastos, según Yukelson.
La moratoria de desalojo del condado de Los Ángeles dura hasta junio de 2023. Eso significa que algunos inquilinos pueden acumular tres años de deuda de alquiler. Muchos propietarios se ven obligados a retirarse del negocio como resultado, dejando menos viviendas asequibles en la zona, dijo.
«La forma en que el gobierno estableció esto para los propietarios de alquileres es muy injusta y realmente dejó a los propietarios en una posición financiera precaria», dijo Yukelson. «Hoy, muchos de ellos están preocupados por el impago de sus préstamos, preocupados por perder sus propiedades. Muchos de ellos están vendiendo sus propiedades, solo para recuperar algunas de sus pérdidas».
Las tácticas de Bonta son «ridículas», dijo.
«Bonta está tratando a los dueños de propiedades de alquiler como si fueran criminales», dijo Yukelson. «Y lo ha hecho desde el principio, y lo hace sin ninguna prueba. Y eso no es bueno para nadie. Simplemente está expulsando a más personas del negocio”.
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