Alrededor de 15 millones de personas podrían perder su cobertura de Medicaid el próximo año a medida que los estados comiencen a determinar si algunas personas son elegibles. El cambió se presentará después de que expire en mayo una disposición relacionada a la emergencia de salud pública federal por el COVID-19.
Según una encuesta y análisis de Kaiser Family Foundation, alrededor del 18 por ciento de los beneficiarios de Medicaid, o alrededor de 15 millones de personas, perderán su cobertura de seguro médico cuando los estados comiencen a eliminar a las personas de sus listas de Medicaid a partir del 1 de abril.
“Se espera que millones de beneficiarios se den de baja durante el próximo año, incluidos algunos que ya no son elegibles para Medicaid y otros que aún califican, pero pierden la cobertura debido a problemas con el papeleo administrativo”, dijo Kaiser Family Foundation, una entidad que trabajó con la Universidad de Georgetown para encuestar a los funcionarios estatales sobre cómo darían de baja a las personas que reciben Medicaid.
“Entre los poco más de un tercio de los estados que pueden informar, estiman que alrededor del 18 por ciento de los afiliados a Medicaid serán desafiliados cuando finalice la disposición de inscripción continua. Sin embargo, las estimaciones varían ampliamente entre los estados informantes, desde aproximadamente el 7 por ciento hasta el 33 por ciento del total de inscritos”, dijo Kasier el jueves. “Esta tasa promedio estimada de desafiliación es ligeramente superior al 13 por ciento informado por los estados en 2022, aunque es consistente con otras estimaciones que indican que entre 15 y 18 millones de personas pueden perder la cobertura de Medicaid durante el próximo año”.
La fundación dijo que, a medida que los estados «relajan» la disposición de inscripción, es probable que muchos no sean elegibles para Medicaid debido a una variedad de razones, incluida la superación de los niveles de ingresos necesarios para inscribirse, dijo Kaiser. «Otros podrían enfrentarse a barreras administrativas y perder la cobertura a pesar de seguir siendo elegibles”.
Kaiser estipuló que algunos estados intentarán permitir que ciertas personas mantengan la cobertura. Más de dos tercios de los estados encuestados están adoptando un enfoque que priorizaría las renovaciones “que tienen en cuenta múltiples factores”, dijo.
“Al mismo tiempo, algunos estados no han adoptado estas estrategias. Varios estados carecen de sistemas totalmente automatizados, procesando algunas o la mayoría de las renovaciones manualmente (12 estados) y otros tienen tasas de renovación inferiores al 25 por ciento (11 estados), lo que aumentará la carga administrativa para el personal y los afiliados. Incluso entre los estados que adoptan políticas para promover la continuidad de la cobertura, la implementación de políticas y la capacidad de los sistemas será clave en cómo les irá a los afiliados durante la retirada”, dijeron.
Cuando Kaiser publicó su análisis el jueves, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, anunció que su administración está implementando un plan «para que el estado reinicie las renovaciones de Medicaid a partir del 1 de abril». Otros gobernadores han hecho anuncios similares en los últimos días, mientras que algunos, como Illinois, han advertido que algunos estadounidenses deben tener en cuenta una fecha límite para volver a inscribirse fácilmente.
El análisis señala que es difícil saber exactamente cuántas personas perderán su cobertura porque los diferentes estados tienen diferentes planes y umbrales. El proceso parece ser lento, ya que 43 estados indicaron que «tomarían entre 12 y 14 meses para completar las renovaciones luego del final de la disposición de inscripción continua», dijo Kaiser.
Bajo la emergencia federal, los estados recibieron el mandato de exigirles a los estados que permitieran la inscripción continua en Medicaid, que es un programa que brinda seguro médico a personas con ingresos o recursos limitados. Durante la pandemia de COVID-19, la inscripción aumentó debido al programa, según Kaiser.
El 30 de enero, la administración Biden dijo que pondría fin a la emergencia sanitaria de COVID-19 el 11 de mayo, después de más de tres años. La Casa Blanca había afirmado que las anteriores prórrogas de la emergencia eran necesarias porque un «final abrupto de las declaraciones de emergencia crearía un caos y una incertidumbre de gran alcance» para los sistemas sanitarios y los estadounidenses.
La antesala de los cambios de cobertura se presenta después de que los republicanos de la Cámara y el Senado pidieron cada vez más al gobierno federal que rescindiera la declaración. Algunos estados liderados por el Partido Republicano también querían que terminara la emergencia y afirmaron que era una tensión financiera indebida.
Kaiser señaló en su informe que el procesamiento de renovaciones y cancelaciones de elegibilidad de Medicaid se produce cuando la mayoría de los programas estatales enfrentan desafíos de personal. Más de la mitad de los estados tienen tasas de vacantes de más del 50 por ciento para el personal del centro de llamadas y del 10 por ciento para los trabajadores de elegibilidad.
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