Los fiscales generales de 20 estados en su mayoría administrados por republicanos están demandando al Departamento de Educación de EE. UU. (DOE), buscando detener la aplicación de lo que dicen es una «interpretación errónea» del Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo en las escuelas.
Los estados, liderados por Tennessee, solicitaron a la corte que bloquee una guía (pdf) emitida en junio por el Departamento de Educación. En una «Hoja informativa» adjunta a la carta de orientación, el Departamento advierte que puede iniciar una investigación del Título IX si una escuela impide que un estudiante se una a un equipo deportivo o use el baño o el vestidor que se alinea con la identidad de género del estudiante.
La interpretación excesiva del Título IX, según el Departamento de Educación, se deriva de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso de Bostock vs. el condado de Clayton, que se centró en el Título VII, la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el lugar de trabajo. El Departamento dijo que aplicó la interpretación del Título VII de Bostock al Título IX, porque los dos tienen «similitud textual» y que proteger a los estudiantes homosexuales y transgénero es consistente con el propósito del Título IX.
En la denuncia (pdf) presentada el lunes, los fiscales generales argumentaron que el razonamiento del Departamento de Educación para aplicar Bostock es defectuoso, considerando lo estrecho que es el fallo de la Corte Suprema.
“La hoja informativa pretende proporcionar ejemplos de lo que constituye discriminación bajo el Título IX”, decía la denuncia. «Bostock no abordó ninguno de los ejemplos de presunta discriminación identificados en la hoja informativa».
«En particular, la hoja informativa indica que evitar que una ‘niña transgénero de secundaria use el baño de niñas’ constituiría discriminación, a pesar de que Bostock se negó expresamente a resolver cualquier pregunta sobre baños, vestidores o similares», dijo y agregó que Bostock tampoco tenía nada que ver con los estudiantes transgénero que participaban en deportes.
Los fiscales generales también argumentaron que el hecho de que dos estatutos utilicen un lenguaje similar no significa necesariamente que la interpretación de uno se pueda aplicar al otro. De hecho, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. Declaró específicamente en una sentencia reciente (pdf) que «los principios anunciados en el contexto del Título VII no se aplican automáticamente en el contexto del Título IX».
“El Departamento concluyó que la frase ‘en base al sexo’ en el Título IX tiene el mismo significado que la frase ‘a causa de… sexo’ en el Título VII”, escribieron. “La Corte de Bostock fue clara sobre el alcance limitado de su decisión y cómo se limitó solo al Título VII mismo”.
En la misma demanda, los fiscales generales también pusieron en la mira a una guía de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. que indica que un lugar de trabajo no puede exigir que los empleados transgénero operen de acuerdo con su sexo biológico asignado al nacer.
El fiscal general de Tennessee, Herbert H. Slatery III, quien lidera la demanda, calificó la orientación de la EEOC y el DOE como «excesiva e ilegal».
«Este caso se trata de dos agencias federales que cambian la ley, lo cual es prerrogativa exclusiva del Congreso», dijo Slatery en un comunicado de prensa. «Las agencias simplemente no tienen esa autoridad».
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental se unieron a Tenessee en la demanda.
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