Ocho personas enfrentan cargos federales por, presuntamente, participar en actividades violentas durante las protestas en el centro de Pittsburgh, Pensilvania, en mayo, anunció el Departamento de Justicia (DOJ).
Los individuos, que fueron acusados la semana pasada, presuntamente arrojaron proyectiles o explosivos a oficiales de policía o vehículos policiales, golpearon caballos o incendiaron vehículos de la policía en medio de las protestas del 30 de mayo, tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió mientras estaba en Minneapolis bajo custodia policial. Los funcionarios de Pittsburgh y del Departamento de Justicia han culpado a los anarquistas y grupos de agitadores por aprovecharse de las protestas pacíficas para llevar a cabo sus propias agendas.
Devin Montgomery, de 24 años, y Brandon Benson, de 29, fueron acusados de destruir o dañar maliciosamente un vehículo de la policía con fuego y por el robo en un banco; Da’Jon Lengyel, de 22 años, y Christopher West, de 35, fueron acusados de cuatro cargos, incluyendo conspiración y daño malicioso y destrucción de un vehículo policial con fuego.
Mientras tanto, cuatro individuos, George Allen, de 31 años, Nicholas Lucia, de 25, Andrew Augustyniak-Duncan, de 25 y Raekwon Dac Blankenship, de 24, fueron acusados de obstrucción de la aplicación de la ley durante un desorden civil, por una variedad de presuntos actos, incluido el lanzamiento de un aparente aparato explosivo contra agentes de policía, arrojando proyectiles al parabrisas de vehículos policiales y empujando y golpeando a varios caballos de la policía, de acuerdo con acusaciones que se han abierto recientemente.
Los fiscales dijeron que sus presuntas acciones impidieron a los agentes de policía llevar a cabo sus deberes policiales y servir a la comunidad. Las ocho personas acusadas son residentes en el área de Pittsburgh.
“Lanzar IED y ladrillos a los agentes de policía, lanzar proyectiles y golpear caballos de policía y prender fuego a vehículos de la policía no son las actividades protegidas de la Primera Enmienda de una protesta pacífica; son actos criminales que violan la ley federal”, dijo el fiscal de Estados Unidos, Scott Brady, en un comunicado.
«Continuaremos identificando y procesando a estos agitadores, cuyos actos de violencia sirvieron para que se apropiaran de una protesta legal y minaron un mensaje de igualdad con uno de destrucción», agregó.
Los disturbios violentos han afectado a varias ciudades de todo el país, incluida Pittsburgh, en medio de protestas pacíficas que piden más responsabilidad policial y cambios en la policía desde fines de mayo.
El Procurador General William Barr ha estado condenando durante mucho tiempo los disturbios y los llamados a destituir a la policía como respuesta a la muerte de Floyd. Si bien todavía hay trabajo para mejorar la relación entre la comunidad afroamericana y la policía, dijo Barr, respondiendo a los problemas de violencia, los actos de demonización de la policía y las propuestas para eliminarlos son contraproducentes y pueden ser «gravemente perjudiciales para nuestras comunidades de los barrios pobres».
“Cuando una comunidad se enciende y se burla de su propia policía, los oficiales se vuelven más reacios al riesgo y las tasas de criminalidad se disparan. Desafortunadamente, estamos viendo eso ahora en muchas de nuestras ciudades principales”, dijo, durante su declaración de apertura en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara el martes.
Barr recalcó la destrucción y el caos experimentado durante los disturbios civiles persistentes en Portland, Oregon, ciudad que ha vivido violencia y disturbios continuos durante dos meses en un tribunal federal y en donde se han ocurrido docenas de lesiones. Se han desplegado agentes federales encargados de hacer cumplir la ley para enfrentar los disturbios, lo que generó críticas generalizadas de funcionarios y legisladores locales y estatales que decían que el despliegue había intensificado la violencia.
Sin embargo, Barr y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, han dicho en ocasiones separadas que era responsabilidad del gobierno federal proteger la propiedad federal, especialmente cuando los estados no están cumpliendo con sus obligaciones para hacerlo.
“Todas las noches durante los últimos dos meses, una multitud de cientos de alborotadores ha asediado el tribunal federal y otras propiedades federales cercanas. Los alborotadores llegan equipados para pelear, armados con poderosas hondas, tasers, mazos, sierras, cuchillos, rifles y artefactos explosivos”, dijo.
“Lo que se desarrolla todas las noches alrededor del juzgado no se puede llamar razonablemente una protesta; es, por cualquier medida objetiva, un asalto al gobierno de Estados Unidos», agregó.
El Departamento de Justicia anunció recientemente docenas de arrestos relacionados con los disturbios en Portland. El portavoz del departamento, Kerri Kupec, dijo el 27 de julio que al menos 74 personas han sido arrestadas y 60 acusadas en Portland. Agregó que a nivel nacional se han realizado, al menos, 236 arrestos y 238 acusados.
El miércoles, el DHS anunció que habían llegado a un acuerdo con la gobernadora de Oregón, Kate Brown, donde los oficiales de la policía estatal trabajarán con los oficiales del Servicio Federal de Protección del departamento para asegurarse de que todas las propiedades federales estén protegidas y seguras.
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