Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron el viernes a un juez de Florida que suspenda parcialmente su caso de documentos clasificados, citando el fallo reciente de la Corte Suprema de EE. UU. que otorga inmunidad al expresidente de ciertos cargos relacionados con actos oficiales.
En una presentación ante la jueza de distrito de EE. UU., Aileen Cannon, los abogados del expresidente argumentaron que la jueza debe detener la mayoría de los procedimientos del caso hasta que pueda resolver su defensa de inmunidad. Los abogados propusieron un calendario de informes que dure hasta principios de septiembre, aproximadamente dos meses antes de las elecciones de noviembre, argumentando que el fallo sobre la inmunidad afecta su caso de registros clasificados.
Solicitaron que la jueza Cannon suspenda el caso, excepto para emitir un fallo sobre la solicitud de una orden de mordaza del fiscal especial Jack Smith, que busca prohibir al expresidente de hablar sobre agentes del FBI y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“El resolver estas cuestiones preliminares es necesario para minimizar las consecuencias adversas para la institución de la Presidencia derivadas de esta investigación y enjuiciamiento inconstitucional”, escribió el equipo de Trump.
Sus abogados escribieron que “una suspensión parcial evitaría la explotación adicional de las instituciones y recursos judiciales(…) en relación con el caso de documentos clasificados, mientras que la decisión del alto tribunal “desmantela” los argumentos de la oficina del fiscal especial de que ‘el presidente Trump no ‘tiene inmunidad’».
Los abogados del expresidente también pidieron a la jueza Cannon permiso para presentar un informe que exponga argumentos sobre cómo la decisión de la Corte Suprema podría afectar el caso de documentos clasificados. En esa solicitud, pidieron como fecha límite el 26 de julio para entregar ese informe al tribunal, mientras que el fiscal especial tendría hasta el 23 de agosto para emitir una respuesta.
Anteriormente, el fiscal especial argumentó que su oficina no acusó al expresidente Trump de ningún acto oficial en los registros clasificados, y la acusación inicial lo acusa de retener materiales sensibles después de dejar la Casa Blanca a principios de 2021 y de supuestamente obstruir los esfuerzos de los funcionarios federales para obtenerlos. El expresidente se ha declarado no culpable en el caso.
“Aunque Trump perdió la autoridad para poseer documentos que contienen información de defensa nacional después de que terminó su mandato como presidente, voluntariamente retuvo dichos documentos,” escribieron los fiscales en marzo, argumentando que sus afirmaciones sobre inmunidad
deberían considerarse irrelevantes.
En presentaciones anteriores ante la jueza Cannon, los abogados del expresidente han argumentado que debería considerarse inmune a la persecución relacionada con su manejo de los materiales clasificados. También dijeron que las decisiones que tomó mientras era presidente sobre los registros deberían considerarse actos oficiales.
La oficina del fiscal especial también refutó las afirmaciones del expresidente Trump de que unos 300 registros clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago deberían considerarse registros personales según la Ley de Registros Presidenciales.
En su moción, los abogados del expresidente Trump hicieron referencia a la opinión concurrente del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, emitida al mismo tiempo que el fallo de inmunidad, en la que cuestionaba si el señor Smith fue debidamente nombrado como fiscal especial. Varios expertos legales externos, incluidos varios profesores de derecho constitucional y un exfiscal general de EE. UU., sugirieron que el señor Smith no fue nombrado legalmente como fiscal especial por el Departamento de Justicia porque cuando fue nombrado era un ciudadano privado.
Si la persecución continúa, escribió el juez Thomas, “debe ser llevada a cabo por alguien debidamente autorizado para hacerlo por el pueblo estadounidense. Por lo tanto, los tribunales inferiores deben responder estas preguntas esenciales sobre el nombramiento del fiscal especial antes de proceder”.
El mes pasado, la jueza Cannon celebró una audiencia sobre los argumentos acerca de si el señor Smith fue nombrado legalmente como fiscal especial. Aún no ha emitido un fallo al respecto.
El calendario a largo plazo del caso de los registros clasificados está actualmente en el aire. A principios de 2024, la jueza Cannon ya había cancelado la fecha del juicio en mayo y no ha establecido una nueva.
Si el expresidente Trump es elegido en noviembre, podría terminar el caso del fiscal especial o podría perdonarse a sí mismo.
Es la segunda vez que los abogados del expresidente Trump utilizan el fallo de inmunidad de la Corte Suprema para avanzar argumentos en la multitud de casos legales que enfrenta.
En Nueva York, el fallo del alto tribunal ya desbarató la fecha de sentencia del 11 de julio del juez estatal Juan Merchan para el expresidente, después de que fuera condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Parte de la evidencia que utilizó la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en ese caso se basó en pruebas que se superponían con los primeros años de su mandato en la Casa Blanca, lo cual el expresidente argumentó que deberían considerarse actos oficiales.
Con respecto a la solicitud de orden de mordaza, los abogados del expresidente dijeron que las restricciones a la libertad de expresión pondrían en peligro sus derechos de la Primera Enmienda, especialmente mientras hace campaña para la presidencia. Sin embargo, la oficina del señor Smith sostiene que sus comentarios anteriores sobre agentes del FBI armados durante su registro de la propiedad de Mar-a-Lago representan una amenaza para las fuerzas del orden.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios. El equipo del señor Smith no había presentado una respuesta hasta el viernes por la tarde.
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