Comentario
Al intentar imponer una orden de vacunación no solo en el gobierno federal sino en todo el sector privado —en todas las empresas con 100 o más empleados— la Administración Biden reconoció que se enfrentaba a un obstáculo constitucional. ¿Dónde otorga la Constitución al presidente o a su rama ejecutiva la autoridad para hacer esto?
El jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, creía que podría haber una forma de esquivar este obstáculo. Lo llamó un «método alternativo» a la Constitución. La administración se decidió por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), encargada de regular la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, como instrumento para llevar a cabo este método.
Fue una trama ingeniosa, y si hubiera funcionado, habría tenido repercusiones masivas en todo el país. Más de 80 millones de estadounidenses se habrían visto obligados a vacunarse o a someterse a un régimen regular de pruebas. Si se negaban, se enfrentaban a suspensiones y despidos. Las empresas se enfrentaban a graves sanciones económicas por negarse a cumplir la ley. En términos más generales, el gobierno habría ampliado enormemente su poder sobre la vida de los ciudadanos.
Afortunadamente, desde mi punto de vista, el complot fracasó. Esto no es una discusión sobre la eficacia de las vacunas. Nunca he dicho una palabra pública criticando la vacuna. Se trata más bien del poder de una agencia reguladora del gobierno. La Corte Suprema dictaminó, por 6-3, que ni el Congreso ni la Constitución han concedido tal poder a la OSHA. La Constitución no se redactó para permitir «soluciones provisionales».
El núcleo de la decisión de la Corte es que, en una sociedad democrática, el Congreso es la institución que hace las leyes. El pueblo elige a los miembros del Congreso y les otorga la autoridad para promulgar leyes en nombre del pueblo. El papel del poder ejecutivo es llevar a cabo o ejecutar esas leyes. El Congreso puede crear agencias, como la OSHA, con poderes delegados para administrar áreas particulares de la ley, pero esas agencias deben operar dentro de los parámetros de esta autoridad asignada.
La Corte Suprema dictaminó (pdf) que el Congreso autorizaba a la OSHA a establecer normas en el lugar de trabajo, no medidas generales de salud pública. El objetivo de la OSHA es la salud y la seguridad de los estadounidenses en el trabajo, no en ningún otro lugar. Cuando se creó la OSHA hace medio siglo, señaló la corte sarcásticamente, no parecen haber tenido en mente el COVID. La OSHA ni siquiera es el principal organismo que se ocupa de la salud pública.
Además, la Corte observó que, incluso en el trabajo, el COVID-19 plantea diferentes niveles de riesgo en función de la naturaleza del trabajo. La orden de vacunación de la Administración Biden «funciona como un instrumento contundente. No establece distinciones basadas en el sector o el riesgo de exposición». Los socorristas que trabajan al aire libre estarían sometidos a él en la misma medida que los empacadores de carne que trabajan en espacios cerrados, apretados unos contra otros. La orden, en otras palabras, no está cuidadosamente calibrada para mitigar el riesgo para la salud.
«Si las agencias administrativas pretenden regular la vida cotidiana y las libertades de millones de estadounidenses (…) al menos deben ser capaces de rastrear ese poder a una clara concesión de autoridad por parte del Congreso», escribió el juez Neil Gorsuch en su opinión concurrente. El Congreso, señaló la corte, ha aprobado varias leyes relacionadas con el COVID-19, incluyendo múltiples paquetes de ayuda por el COVID. El Congreso podría haber optado claramente por legislar una orden a nivel nacional. Pero no lo hizo.
«La cuestión que tenemos ante nosotros no es cómo responder a la pandemia», escribió Gorsuch, «sino quién tiene el poder de hacerlo». Citando una nota del exjuez Antonin Scalia, Gorsuch planteó el espectro del «gobierno por la burocracia suplantando al gobierno por el pueblo». Vale la pena señalar la ironía de que la Corte Suprema, nuestra única rama no elegida del gobierno, se ponga directamente del lado de la democracia y del gobierno del pueblo, no del gobierno de los autodenominados «expertos».
La decisión de la corte suscitó una aguda advertencia de la jurista Kimberly Wehle. Según ella, «las agencias elaboran normas y reglamentos que afectan a los mercados de valores, a la seguridad de los productos de consumo, al uso y tráfico de armas de fuego, a la protección del medio ambiente, a la discriminación en el lugar de trabajo, a la agricultura, a la aviación, a las comunicaciones por radio y televisión, a las instituciones financieras, a las elecciones federales, al gas natural y a la electricidad, a la construcción y mantenimiento de carreteras, a las importaciones y exportaciones, a los medicamentos humanos y para animales, e incluso a la concesión de licencias y a la inspección de las centrales nucleares».
Es cierto. Pero el punto de la corte no es que no necesitemos expertos, sino que necesitamos expertos que operen dentro del ámbito de su autoridad delegada por el Congreso. Curiosamente, en un caso menor aunque relacionado, la Corte Suprema confirmó las órdenes de vacunación para los trabajadores de la salud en los centros financiados por el gobierno federal (pdf). Dos jueces conservadores —John Roberts y Brett Kavanaugh— se unieron a los tres progresistas en un fallo 5-4 que básicamente dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos sí tiene autoridad delegada para regular los centros de salud que reciben dinero del gobierno.
Pero incluso aquí, cuatro jueces disintieron, el juez Clarence Thomas señaló la dureza de la norma: «Requiere que millones de trabajadores de la salud elijan entre perder sus sustentos o consentir una vacuna que han rechazado». Thomas señaló que tradicionalmente este tipo de facultades se dejan a los estados, no al gobierno federal. Además, «si el Congreso hubiera querido conceder… autoridad para imponer una orden a nivel nacional, y en consecuencia alterar el equilibrio estatal-federal, lo habría dicho claramente. No lo hizo».
Al leer estos dos fallos, me impresiona el estrecho razonamiento y la prudencia de la corte en su conjunto. No se percibe en los jueces, ni siquiera en los progresistas, la sensación de locura y fanatismo que parece emanar de la Administración Biden. La corte se estableció como guardián de la Constitución, y a través de ella, de nuestras libertades civiles, y también como control de los excesos del gobierno. En este caso, es refrescante ver a la corte hacer su trabajo con tanta diligencia y aplomo.
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