La administración del presidente Joe Biden anunció el 5 de enero medidas que, según sus funcionarios, mejorarán la seguridad fronteriza y contribuirán a frenar la inmigración ilegal, al mismo tiempo que ayudarán a los inmigrantes a obtener un estatus legal en Estados Unidos.
La administración está ampliando un programa de libertad condicional que estaba restringido a los venezolanos a los aspirantes a inmigrantes de otros tres países. Los cubanos, nicaragüenses y haitianos pueden ahora solicitar un estatus legal durante dos años, siempre que encuentren un patrocinador en Estados Unidos y superen una comprobación de antecedentes.
Según la ley de inmigración estadounidense, el secretario de Seguridad Nacional puede conceder la libertad condicional a personas que de otro modo serían ilegales en Estados Unidos. El programa, puesto en marcha en octubre de 2022, aprovechó ese poder para miles de venezolanos. Hasta 30,000 personas al mes de los cuatro países a los que se concede la libertad condicional pueden venir a Estados Unidos durante dos años y se les permite trabajar. Se les exige que no se acerquen a la frontera ni entren ilegalmente en Estados Unidos mientras se considera su solicitud.
México, que ya aceptó a los venezolanos que cruzaron ilegalmente la frontera, ha dicho que aceptará hasta 30,000 inmigrantes ilegales al mes procedentes de esos países, según la Casa Blanca.
El programa ha provocado un descenso del número de venezolanos que entran ilegalmente en EE. UU., de unos 1100 al día a menos de 250 al día en promedio, según funcionarios estadounidenses.
La asociación con México es crucial porque Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua han rechazado en general las ofertas de devolución de inmigrantes ilegales, según las autoridades.
Otro aspecto de la nueva iniciativa es permitir que las personas interesadas en entrar en Estados Unidos concierten una cita en un puerto de entrada para iniciar una solicitud de asilo, o protección legal debido a cuestiones como el temor a la persecución.
La mayoría de las solicitudes de asilo se rechazan en última instancia, pero el gran retraso de los tribunales hace que la mayoría de los inmigrantes ilegales vivan en el país durante años antes de que se resuelva su caso. Algunos no son deportados aunque sus solicitudes sean rechazadas.
La administración también está enviando más funcionarios y jueces de asilo a la frontera para intentar resolver los casos con mayor rapidez, con el objetivo de reducir la tramitación inicial de meses a días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por su parte, afirma que contratará a más agentes y funcionarios de fronteras.
En conjunto, estas medidas «reducirán sustancialmente el número de personas que intentan cruzar nuestra frontera suroeste sin pasar por el proceso legal», dijo Biden en declaraciones preparadas desde la Casa Blanca en Washington.
Biden dijo que la gente seguirá llegando a Estados Unidos.
«No podemos impedir que la gente haga el viaje, pero podemos exigir que vengan aquí de forma ordenada conforme a la legislación estadounidense», dijo. Las medidas «mejorarán las cosas, pero no solucionarán por completo el problema de la frontera», añadió, culpando al Congreso de no aprobar un plan que él presentó para reformar el sistema de inmigración.
Reacción
El plan suscitó las críticas de algunos grupos.
«El presidente Biden está intentando ilegal y unilateralmente reescribir la ley de inmigración, abusando de la libertad condicional para crear esencialmente nuevas categorías de entrada. Solo el Congreso tiene poder para hacerlo», dijo en un comunicado RJ Hauman, responsable de relaciones gubernamentales y comunicaciones de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense. «El estatuto que autoriza la libertad condicional establece explícitamente que solo puede utilizarse ‘caso por caso’ y de forma ‘temporal’. ¿Cómo puede la Administración Biden afirmar en serio que emitirán la libertad condicional caso por caso cuando están creando programas a escala industrial de la nada?».
Otros hablaron positivamente del esfuerzo, incluida la representante Veronica Escobar (D-Texas), cuyo distrito Biden visitará próximamente.
«Estoy agradecida a la Casa Blanca por el despliegue de recursos históricos y el apoyo a las comunidades fronterizas y la creación de vías legales ampliadas para los solicitantes de asilo», dijo Escobar en un comunicado.
La administración también planea aumentar la financiación para las ciudades fronterizas y las ciudades que han visto un aumento de inmigrantes ilegales, como la ciudad de Nueva York.
«Sé que la inmigración está ejerciendo una presión real en la frontera y en las comunidades fronterizas», dijo Biden. «No puede hacer otra cosa que eso. Vamos a conseguir más apoyo para esas comunidades».
Niveles récord
Desde que Biden asumió el cargo en 2021 y redujo o puso fin a políticas clave de la era Trump, la inmigración ilegal se ha disparado, alcanzando niveles récord. Se registraron más de 2.3 millones de aprehensiones en la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2022, que terminó el 30 de septiembre. Las detenciones del año fiscal 2023 ya están programadas para establecer otro nuevo récord, ya que las aprehensiones tanto en octubre como en noviembre fueron las más altas de la historia, según datos del DHS. Los datos preliminares obtenidos de una fuente por The Epoch Times mostraron que las aprehensiones en diciembre también fueron las más altas de la historia.
Las autoridades utilizaron el Título 42 para unas 1.1 millones de expulsiones en el año fiscal 2022. El Título 8, o ley de inmigración estadounidense, se utilizó para aproximadamente 1.35 millones de expulsiones en el mismo periodo de tiempo.
Los funcionarios dijeron que las nuevas medidas fueron diseñadas para aliviar la tensión de la inmigración ilegal ahora y después de que el Título 42 ya no esté en vigor.
El Título 42, una orden de salud pública impuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. debido a la preocupación de que los inmigrantes ilegales fueran portadores del COVID-19, se ha utilizado para las expulsiones rápidas de algunos inmigrantes ilegales, pero la administración se está preparando para su retirada.
Los CDC alegaron en la primavera de 2022 que la orden «ya no era necesaria» debido a «vacunas y terapéuticas altamente eficaces», pero un juez impidió que la administración la levantara. Más recientemente, un juez diferente dijo que la orden tenía que terminar porque los CDC no consideraron alternativas para combatir el COVID-19. El fallo de ese juez se suspendió para dar tiempo a la administración a prepararse. La Corte Suprema, justo después de Navidad, accedió a una petición de emergencia de 19 estados para mantener el Título 42 en vigor por el momento.
Con información de Charlotte Cuthbertson.
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