La administración de Donald Trump pidió la Corte Suprema levantar un bloqueo, a nivel nacional, que impide la aplicación de una norma que rige la admisión de nuevos inmigrantes a EE.UU.
En una solicitud de emergencia (pdf) al tribunal superior, el Departamento de Justicia solicitó el lunes a los jueces que suspendan un par de órdenes judiciales emitidas por un tribunal de distrito de Nueva York, que bloquean la implementación de la norma de «carga pública«, para que aún no se implementen los casos que se llevan a cabo en la corte.
La norma, que se emitió el año pasado, proporciona una aclaración acerca de los factores que se considerarían al determinar si es probable que alguien, en algún momento futuro, se puede convertir en una carga pública. Una «carga pública» se refiere a una persona que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid. La norma considerará a una persona como una carga pública si recibe, al menos, un beneficio del gobierno por más de 12 meses en un período de tres años.
La norma fue impugnada en varios estados, lo que condujo a medidas cautelares que impidieron su entrada en vigencia el 15 de octubre de 2019. Dos tribunales federales de apelaciones, el Cuarto Circuito y el Noveno Circuito, levantaron el mes pasado medidas cautelares similares. A pesar de las victorias parciales, la norma aún no se puede implementar porque las medidas cautelares de Nueva York continuarán aplicándose en todo el país.
Tres estados, Nueva York, Connecticut y Vermont, y un grupo de organizaciones de inmigración, demandaron a la administración Trump, en casos separados, para impedir que la norma entrara en funciones. Un tribunal de distrito de Nueva York falló a favor de los demandantes, lo que provocó una apelación.
El 8 de enero, un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, negó el levantamiento de la aplicación de la norma a nivel nacional emitida por el tribunal de distrito.
El Departamento de Justicia argumentó, en su solicitud, que una suspensión de las medidas cautelares es apropiada porque es probable que la Corte Suprema acepte las apelaciones del Segundo Circuito, ya que otras dos cortes de apelaciones han concluido que es probable que la norma sea confirmada.
Argumentaron que «las decisiones de múltiples tribunales de apelaciones han dejado de tener sentido dentro de sus propias jurisdicciones territoriales debido a los mandatos judiciales de un solo tribunal de distrito a nivel nacional, lo que ilustra claramente los problemas que dichos mandatos judiciales plantean».
El departamento también argumentó que las medidas cautelares también «resultarían en un daño efectivamente irreparable para el gobierno».
En el fallo del Tribunal del Noveno Circuito, la única orden en la que los jueces dieron razones para su decisión, los jueces encontraron 2-1 que el Congreso no proporcionó instrucciones sobre cómo debe interpretarse la frase «carga pública» y el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción para hacerlo, dentro de su autoridad.
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