Un empleado del gobierno de EE.UU. violó la ley el 6 de enero de 2021, pero no fue procesado, según un informe interno obtenido por The Epoch Times.
Investigadores de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro de EE.UU., siguiendo un aviso del inspector general del Departamento de Justicia de EE.UU., descubrieron que un trabajador de la OIG se encontraba en los terrenos del Capitolio de EE.UU. cuando éste fue invadido el 6 de enero.
Durante una entrevista con la OIG, el empleado admitió haber estado cerca del Capitolio, pero hizo una serie de afirmaciones falsas, entre ellas que no había presenciado ningún acto de violencia y que no había hecho nada ilegal, según la OIG.
Según el informe, en los alrededores del Capitolio cuando el trabajador se encontraba en sus instalaciones se estaban produciendo «conductas ilegales generalizadas». Las imágenes de vídeo mostraban a personas que accedían sin autorización a zonas más allá de las barricadas aproximadamente a la 1:45 p.m., la misma hora a la que el empleado del Tesoro admitió posteriormente haber atravesado una barricada de la Policía del Capitolio de EE.UU. en la Plaza Este.
El trabajador permaneció en el recinto, trasladándose a la Plaza Oeste, durante unas horas. Durante ese tiempo, dijo más tarde, vio enfrentamientos entre la Policía del Capitolio y los manifestantes. Las imágenes de vídeo del lugar mostraban a los agentes del orden retirándose, a los manifestantes volviéndose violentos y las barricadas tendidas en el suelo.
El trabajador del Departamento del Tesoro no fue identificado por su nombre.
El funcionario entró en terrenos de acceso restringido «sin autorización legal», según el informe, que resume la investigación y fue obtenido por primera vez por Bloomberg News.
«La investigación determinó que el empleado atravesó una barricada de la Policía del Capitolio de EE.UU. (USCP) y permaneció dentro de los terrenos restringidos durante aproximadamente dos horas durante los disturbios en el Capitolio de EE.UU., en violación de los terrenos o edificios restringidos y la conducta mientras se está en propiedad del gobierno», dijo el organismo de control. «La OIG corroboró esta acusación tras realizar entrevistas, revisar registros y llevar a cabo una investigación de fuentes abiertas. El empleado admitió que atravesó una barricada y permaneció dentro de las áreas atrincheradas durante un largo periodo de tiempo».
«La OIG también corroboró la falta de franqueza».
El Departamento del Tesoro no respondió a la solicitud de comentarios.
Un portavoz de la OIG dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que el empleado en cuestión «ya no es empleado del Departamento del Tesoro de EE.UU.».
«Lo siento, no podemos hablar de las circunstancias de la salida de este empleado», dijo.
El caso fue presentado para su enjuiciamiento a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, según el documento, Esa oficina declinó el 27 de mayo de 2022 enjuiciar al empleado del gobierno.
La oficina no respondió cuando se le preguntó por qué declinó el enjuiciamiento.
La investigación se cerró el 13 de julio de 2022.
The Epoch Times obtuvo el documento a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Ha solicitado las entrevistas realizadas y los registros revisados como parte de la investigación.
Otros procesamientos
Un pequeño número de personas que también trabajaba para el gobierno el 6 de enero ha sido procesado.
Federico Klein, exmarine que trabajaba para el Departamento de Estado, fue acusado y posteriormente condenado por agresión y otros cargos relacionados con la irrupción.
Klein fue condenado a finales de 2023 a 70 meses de prisión y dos años de libertad supervisada.
Paul Lovley trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional cuando se produjo la irrupción. Fue acusado de entrar o permanecer en un edificio o recinto restringido y de desfilar, manifestarse o formar un piquete en un edificio del Capitolio.
Lovley se declaró culpable de este último cargo a cambio de que la fiscalía retirara el otro. Fue condenado en 2023 a tres años de libertad condicional.
Otras personas que trabajaban para gobiernos locales, incluidos agentes de policía, han sido acusadas y condenadas por esta infracción.
Hasta el 6 de abril, unas 1387 personas habían sido acusadas en relación con la filtración, de las cuales casi 800 se declararon culpables y otras 156 fueron declaradas culpables. Los fiscales siguen presentando cargos, y el índice de nuevos cargos en el primer trimestre de 2024 es superior al de los primeros trimestres de 2023 y 2022.
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