Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) están en su derecho de interponer su amparo u otro medio de impugnación ante la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, explica la Doctora en Derecho, Claudia Aguilar Barroso.
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto en el Diario Oficial de Federación sobre la extinción de los 13 fideicomisos que recortan al Poder Judicial 15,000 millones de pesos de presupuesto. Este mismo mes, las Cámaras de Diputados y del Senado, de mayoría oficialista, aprobaron la disolución de 13 de 14 fideicomisos.
«Ninguno de estos fideicomisos, contrario a lo que se ha dicho, benefician o se refieren a ministras y ministros del Poder Judicial, es decir, de la Suprema Corte [de Justicia], sino que tienen que ver con otros altos mandos personal operativo e incluso en algunos casos para jueces y magistrados en retiro», explicó la Doctora en entrevista a The Epoch Times México.
En ese sentido, la Dra. señala que con la extinción de estos fideicomisos «se afectan los derechos adquiridos de más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial».
Además, explicó por qué no hay conflicto de intereses en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en ejercicio de sus facultades, revise los amparos —que varios jueces, ministros y trabajadores del PJF están promoviendo— y las acciones de inconstitucionalidad que puedan surgir por parte de los legisladores de oposición tras la extinción de los fideicomisos.
«Porque si llegan a ser de conocimiento de la Corte, ninguno de estos fideicomisos está vinculado con los derechos de los 11 ministros [de la SCJN], ni de los ministros en retiro, incluso en retiro se habla de jueces y magistrados, pero no de ministros —ellos tienen otra pensión de retiro», puntualizó.
Sin embargo, advirtió que es muy probable que la competencia de la SCJN respecto a la revisión de los amparos sea utilizada como parte de una narrativa política contra el Poder Judicial.
«La tirada es decir: ‘ya ven cómo están blindándose cuidando sus propios privilegios’, y seguramente se va a hacer un uso político de esa narrativa», dijo la Dra. Aguilar.
Continuó explicando que los amparos —que los trabajadores del PJF han estado preparando desde al menos la semana pasada— son procedentes y podrían funcionar.
«Creo, no solamente que debe funcionar: es procedente y les asiste la razón», agregó. «El juicio de amparo es procedente y me parece que es una vía muy importante porque las personas juzgadoras que resuelvan sobre esto estarán en posibilidad, por lo menos primero, de decretar una suspensión provisional, y posteriormente, una suspensión definitiva que impida, digamos, que se ejecuten y que sea irreparable la afectación que se le da a los trabajadores», explicó.
Sin embargo, en opinión de la también Maestra en Derecho Procesal Constitucional, la medida oportuna de impugnación contra la disolución de los fideicomisos del PJF es la acción de inconstitucionalidad.
«Sin duda la vía idónea, que también la vamos a ver, es la acción de inconstitucionalidad, que la van a promover, pues, digamos estas ‘minorías’ parlamentarias, cuando menos el 33 % de los diputados y el 33 % de los senadores que seguramente promoverán esta acción de inconstitucionalidad», dijo.
Esta última medida de impugnación se trata de un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas de menor jerarquía que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los que México es parte, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Dra. Aguilar es consciente que el Poder Judicial, como cualquier órgano o institución humana, no es perfecto. Sin embargo, señaló que sí puede mejorarse, y por ello aboga por la necesidad de enfocarse en reformas de mejora para el órgano.
«Claramente no es un órgano perfecto, ¿es perfectible? sin duda, como toda institución en la que participamos los seres humanos siempre será perfectible», dijo. «Ahora, qué tipo de reformas necesita el Poder Judicial Federal, ¿una reforma que lo aniquile, lo asfixie, lo deje sin recursos? Claro que no, necesita una reforma que lo fortalezca, que permita que sea más eficiente, que la justicia efectivamente sea pronta y expedita —que esté al alcance de la ciudadanía».
La Dra. también considera que el motivo detrás de la extinción de los fideicomisos va más allá de lo alegado por el mandatario, quien ha calificado a los fideicomisos como “privilegios” de los ministros, magistrados y jueces.
«[…] Los ministros, magistrados, jueces, ganan mucho y viven colmados de atenciones y privilegios y es insultante lo que están ganando”, señaló López Obrador el 19 de octubre en su conferencia matutina, cuando inició el paro de labores de los trabajadores del PJF que concluyó este 29 de octubre.
La Dra. Aguilar se pregunta por qué se alían el Poder Legislativo —en su mayoría de Morena y sus aliados— y el Poder Ejecutivo, y considera que «es una razón que parece más cercana a una especie de venganza política que no acaba de entender el ejercicio del poder, en la división de poderes, los pesos y contrapesos, y no ha acabado de entender que el Poder Judicial como decía la ministra Norma Piña, no es oposición”, dijo en referencia a la declaración que hizo la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación hacia el Legislativo y al Ejecutivo, durante una sesión pública el 23 de octubre.
«El Poder Judicial es uno de los tres Poderes de la Unión, y se le debe a las y los gobernados única y exclusivamente, no se le debe [a] un partido político, a una causa política o a una idea de transformación», continuó.
La aprobación de la extinción de los fideicomisos por el legislativo en las semanas previas suscitó una serie protestas de miles de trabajadores del PJF de todos los niveles, consideradas históricas. Argumentan que se están violando los derechos laborales por los que han trabajado y además vulnera la independencia del Poder Judicial de la Federación.
En referencia a la marcha de los trabajadores del PJF el pasado 22 de este mes, la Dra. Aguilar dijo que aunque ha visto manifestaciones anteriores de varios gremios, nunca vio una que contemplara todo un poder de la Unión.
“Que sea todo un poder, uno de los tres poderes de la Unión, que tome las calles justamente para protestar por las posibles afectaciones que se den. Por un lado la autonomía independencia del propio Poder Judicial, porque tiene que ver con esta gestión-administración de los tiempos y de los recursos. Pero por el otro lado, también la enorme afectación que trae aparejada los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal [por] la extinción de estos fideicomisos”, manifestó.
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