Un vídeo que incluye la grabación de una conversación telefónica entre el padre de uno de los estudiantes desaparecidos en 2014 y un abogado acusa a los familiares de los jóvenes y a sus representantes de recibir dinero del crimen organizado.
El vídeo, que circula en redes sociales, se inicia con una advertencia supuestamente del grupo criminal Los Rojos, según la cual los familiares han recibido dinero de la agrupación rival Guerreros Unidos.
«Por qué reciben dinero de los Guerreros Unidos, cuál es el objetivo de su dizque movimiento en nuestras comunidades. Quieren calentar la plaza. Ojo con las consecuencias. Atentamente Los Rojos», dice un texto.
A continuación se reproduce la conversación telefónica entre Mario González, padre de uno de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, y Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes. En la imagen aparecen fotos de ambos.
En la conversación, González le comunica al abogado que ha recibido mensajes y una amenaza telefónica de alguien perteneciente a Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los estudiantes, que le exige distribuir entre todos los padres 200.000 pesos (11.280 dólares).
«¿Pero qué le dijeron?», pregunta Rosales, a lo que González responde: «Que le entregara a los padres los 200.000 pesos porque si o me iban a levantar, o sea que nos van a levantar».
Levantar es un eufemismo usado en México para aludir al secuestro de personas que después suelen aparecer muertas.
En seguida, el abogado dice al padre que van a «conseguir eso», y alude a un «evento» donde supuestamente algunos padres recibieron dinero de alguien a quien no identifica.
Entrevistado telefónicamente por Efe, Rosales explicó que la llamada ocurrió el pasado 3 de marzo, meses después de que se suscitara una disputa entre los padres respecto a unos recursos de apoyo a su movimiento presuntamente aportados por el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dichos recursos, indicó, presuntamente habían sido entregados a los tesoreros del movimiento, pero los padres se quejaron de que nunca los recibieron. «Este conflicto ya se arregló. Ya quedó claro que ese recurso no se entregó, que va a ser entregado próximamente», abundó.
Interrogado sobre quién podría estar detrás de la difusión del vídeo, el letrado replicó: «Para nosotros es el Gobierno; no tenemos pruebas de lo que estoy diciendo, puede ser muy temerario».
Sin embargo, añadió, «hay un hecho que lo confirma, y es que estamos en un contexto de descalificación clara tanto al grupo de expertos (internacionales que asisten en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes) como a los abogados que estamos acompañando (a los padres)».
«Y ahora sube de tono con este tercer peritaje, que nosotros cuestionamos por su falta de seriedad, su falta de rigor científico, la manera tendenciosa de cómo el Gobierno lo está manejando», anotó.
Con ello, Rosales aludió a un nuevo estudio pericial dado a conocer el 1 de abril según el cual al menos 17 personas fueron incineradas en un basurero en el municipio de Cocula donde la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sostiene que fueron quemados los restos de los 43 jóvenes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones del caso denunció que la fiscalía había violado los acuerdos a los que ambos habían llegado sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje.
En la entrevista con Efe, Rosales destacó el hecho de que la conversación que tuvo con González fue el 3 de marzo y la grabación de la misma apenas sale ahora a la luz.
«Alguien administró de manera deliberada este vídeo para sacarlo en un momento propicio, cuando las cosas favorecen al Gobierno y nosotros estamos en una situación difícil con este tercer peritaje», expuso.
El objetivo, consideró, es «ir cerrando las pinzas por parte del Gobierno, ir desprestigiándonos, restándonos legitimidad a los padres y al movimiento, e irnos aislando de nuestros aliados, generando dudas en la gente de buena fe que está apoyando la lucha justa por la presentación con vida de los estudiantes».
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura la vecina Cocula.
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