Este lunes grupos de defensores de derechos civiles interpusieron una demanda en contra de una ley estatal en Arizona (EE.UU.) que niega licencias de conducir a ciertos inmigrantes, víctimas de violencia doméstica y crímenes violentos.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el Fondo Mexicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) y el bufete jurídico Ortega presentaron la demanda en la corte federal en Phoenix en representación de cinco personas, entre ellas una madre de dos hijos que sufre de cáncer.
Los cinco individuos recibieron la acción diferida y tienen permisos de trabajo. Cuatro esperan tramitación de los visados para los sobrevivientes de la violencia doméstica y otros delitos graves.
La demanda alega que el negar licencias de conducir a algunos inmigrantes que están ilegalmente en el país pero que recibieron protección de deportación es inconstitucional. La ley federal prohíbe la discriminación arbitraria contra grupos de personas.
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Arizona es el único estado que niega licencias de conducir a algunos inmigrantes que se beneficiaron de los programas que les permiten trabajar en Estados Unidos y evitar la deportación por diversas razones, declaró Víctor Viramontes, abogado del fondo. Eso incluye víctimas de delitos que cooperan con la policía, aquellos que vienen a Estados Unidos por razones humanitarias y sobrevivientes de actos terroristas, entre otros.
Antes del 2012, el estado otorgaba licencias de conducir a toda persona que contara con un permiso de trabajo otorgado por el Gobierno federal.
No obstante, después de que el presidente Barack Obama anunciara el programa de Acción Diferida (DACA), que protege de la deportación y brinda un permiso de trabajo a quienes fueron traídos de manera ilegal cuando eran niños, la entonces gobernadora de Arizona Jan Brewer firmó una orden ejecutiva que les niega ese derecho.
Tras una larga batalla legal, un juez federal eliminó esta restricción que afecta directamente a los beneficiados del DACA, sin embargo el estado continúa hasta la fecha negando licencias de conducir a inmigrantes protegidos bajo otros programas de acción diferida dirigidos a víctimas de violencia doméstica o crímenes violentos, de acuerdo a la demanda.
Viramontes dijo que el Estado debería permitir que todos los protegidos de la deportación reciban licencias de conducir, tras el fallo de la corte federal en lugar de permitir que unos sí y otros no.
«Debieron dejar de discriminar desde el momento en que esa política fue declarada inconstitucional, pero siguen haciéndolo» afirmó Viramontes.
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