Una redada este fin de semana llevada a cabo por cerca de 2.400 agentes de seguridad y militares se saldó con la captura de ocho personas con supuestos vínculos con el paramilitarismo, y la deportación de 185 ciudadanos colombianos que se encontraban en el país de manera irregular, tras el Estado de Excepción decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el viernes último.
Durante el primer día en vigor del Estado de Excepción en cinco municipios del estado de Táchira, fronterizos con Colombia, las operaciones de las fuerzas policiales y militares venezolanas se concentraron en la población de San Antonio del Táchira, donde, el pasado miércoles, presuntos paramilitares colombianos atacaron e hirieron a tres suboficiales del ejército venezolano.
Los militares venezolanos tomaron el sector La Invasión, un barrio de chabolas con calles de tierra que el propio Maduro había denunciado como un asentamiento informal de contrabandistas, informa El País.
Mientras se conocían los rigores del peinado de la zona por parte de fuerzas policiales y militares venezolanas, el gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, un ex capitán del Ejército y ficha del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentaba ponerle un rostro amable a la situación. Si ya durante la madrugada del sábado, frente a las cámaras de televisión, permitía el paso hacia Venezuela de una pareja en carro, en la que la mujer estaba en trabajo de parto, a lo largo de la jornada presidió los desplazamientos de los buses con insignias de la Cruz Roja que iniciaron el recorrido del “Corredor Humanitario” que permitirá trasladar enfermos de uno a otro lado. El primer servicio del día llevó a 40 diabéticos de la población de Ureña, en Venezuela, a realizar sus correspondientes sesiones de diálisis en Colombia.
También, se anunció que a partir del lunes se otorgarán salvoconductos a estudiantes que necesiten atravesar la frontera para atender sus cursos, y a inversionistas colombianos que tienen empresas en el lado venezolano.
El miércoles debe producirse un encuentro, con toda probabilidad en Bogotá, entre las cancilleres Delcy Rodríguez, de Venezuela, y María Ángel Holguín, de Colombia. Se espera que en la reunión ambas funcionarias exploren mecanismos concretos que permitan solventar la situación en la frontera.
Es la primera vez que se decreta un estado de excepción en el marco de la Constitución venezolana de 1999, promovida por el chavismo. Tal como establece su artículo 337, la suspensión de garantías por parte del Ejecutivo tiene vigencia por 60 días, prorrogables por un periodo similar. El mandatario venezolano se dijo confiado de que el plazo alcanzará “para refundar nuestra querida zona limítrofe como un área bolivariana de cooperación”.
El sucesor de Hugo Chávez al mando de la autodenominada Revolución Bolivariana, que hablaba desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, también anunció que el cierre de la frontera con Colombia, impuesta la misma noche del miércoles 19 como medida de precaución por 72 horas, se prolongará “más allá, hasta nuevo aviso, hasta que se normalice la situación”.
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