Luego de dos años de investigar o disciplinar a miles de funcionarios dentro de China, las autoridades anticorrupción del régimen chino están apuntando hacia el extranjero y le piden ayuda a Estados Unidos.
Estados Unidos es un destino de escape favorito de los funcionarios corruptos chinos: tiene un excelente sistema educativo, un ambiente limpio, un sistema legal robusto y muchos lugares para que los millonarios se escondan.
Más recientemente la agencia anticorrupción del Partido Comunista Chino, llamada Comisión Central para la Inspección Disciplinaria (CCID), le ha enviado a las autoridades estadounidenses una “lista de prioridad” de 150 funcionarios chinos corruptos que quisieran detener, según informó China Daily, el portavoz del régimen chino en idioma inglés.
Asimismo, un reporte hecho público por el Financial Times, dijo que el zar anticorrupción del partido, Wang Qishan, estará viajando a EE. UU. en agosto, un mes antes de que Xi Jinping vaya en una visita formal.
Sin tratados
Existen problemas con el hecho de que China y EE. UU. trabajen juntos en un asunto como este. Para comenzar, ambos países no tienen tratados de extradición (las preocupaciones de EE. UU. acerca del prontuario de derechos humanos, corrupción y sobre el estado de derecho en China son algunas de las razones de por qué no existen). Esto significa que la mayor parte de la cooperación sobre asuntos criminales entre los dos países ha sido hasta ahora del tipo ad hoc.
Aun así, las autoridades chinas parecen querer formalizar y regularizar este proceso dado que sospechan que miles de millones de dólares han sido drenados fuera de China por funcionarios corruptos, mucho de los cuales han aterrizado en EE. UU.
“Pienso que hay un gran ventana de cooperación entre EE. UU. y China en esto —se han conocido muchos informes en los medios estadounidenses sobre la corrupción china”, dijo Cao Changqing, un comentador de Florida sobre asuntos actuales de China. Como un ejemplo de una “tendencia que se está formando”, Cao hizo referencia a la extradición por parte de Canadá del fugitivo Lai Changxing, que tenía un negocio de contrabando de miles de millones de dólares en los 90 que involucraba al ejército.
“Hay una gran cantidad de dinero que ha partido de China, miles de millones de dólares o más, es realmente increíble. Ellos quieren esos activos de regreso”, dijo Cao.
Los países que asisten a las autoridades chinas podrían también recolectar parte del botín. El China Compliance Digest, una publicación enfocada en la corrupción y el cumplimiento en China, dijo en un artículo el pasado noviembre, que los funcionarios chinos han estado considerando compartir con otros países hasta un 80 por ciento de los activos incautados.
Canadá ya ha llegado a un acuerdo con China para compartir lo obtenido criminalmente, “incautado de los delincuentes”, que resulte de las investigaciones conjuntas realizadas entre oficiales canadienses y chinos.
Sistema judicial
La campaña para atrapar a los funcionarios en el extranjero es llamada oficialmente en China como: Operación Caza del Zorro. Fue lanzada el año pasado por el partido comunista para arrestar a funcionarios corruptos en el extranjero, usando el eufemismo de “fugitivos económicos”. Ellos se llevan frecuentemente sus bienes cuando escapan del país, contribuyendo de esta forma con la enorme fuga de capital de China.
La Policía Federal Australiana envió al Comandante Bruce Hill, administrador de sus operaciones en Asia, a Beijing, para cooperar con las autoridades chinas en la recuperación del botín de los funcionarios corruptos chinos en Australia. Los bienes ascienden a “muchos cientos de millones de dólares”, según contó Hill a la australiana Fairfax Media.
No queda claro si China será capaz de lograr esta estrecha cooperación con EE. UU., ni cómo lo hará. Quizá sea esta la razón detrás del viaje de Wang Qishan.
“Las autoridades judiciales de EE. UU. tienen prejuicios contra el sistema legal de China”, dice el China Daily, portavoz del régimen en el mundo angloparlante. Los estadounidenses “creen erróneamente que haremos juicios injustos a los sospechosos”, dijo citando a Liu Dong, director de la oficina de investigación de delitos económicos del Ministerio de Seguridad Pública.
De hecho, las preocupaciones por los derechos humanos y la integridad del sistema judicial de China han sido temas centrales en los países democráticos al ratificar acuerdos de extradición con China. Un tratado como ese en EE. UU. tendría también que ser aprobado por el Congreso, el cual ha mirado a las autoridades comunistas con sospecha, y ha hablado abiertamente y con regularidad sobre los asuntos de los derechos humanos y del estado de derecho allí.
El simple título oficial de Wang Qishan es un hecho que resalta la naturaleza política de los procedimientos: él es el jefe de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, una agencia interna del Partido Comunista con poderes de policía secreta que hasta hace poco ni siquiera tenía un sitio web.
“Wang Qishan no tiene un puesto administrativo. Él es un funcionario del Partido Comunista. Si llega a EE. UU., su contraparte sería a lo sumo alguien en el Partido Democrático, y no hay ninguna agencia equivalente”, dijo Cheng Xiaonong, un académico y comentador político, durante un show de charlas en idioma chino presentado por Voice of America.
“China es una autocracia de partido único, y EE. UU. es un país gobernado por la ley, por lo tanto existe una gran diferencia entre los sistemas legales de los dos países”, dijo Cheng. “Wang no hablará personalmente sobre un acuerdo, eso sería algo a tratar entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el Departamento de Justicia de EE. UU. Pero Wang resulta necesario para abrir las conversaciones”.
Asistencia
Yang Jianli, un disidente y escritor prodemocrático, dijo en el mismo programa que “Wang Qishan no debería usar su puesto en la CCID como su título, él puede ser simplemente un embajador designado por el líder Xi. Es un rol y misión especial”.
Yang recalcó que “no hay dos personas en el Partido Comunista más cercanas que Xi Jinping y Wang Qishan… Es casi como cuando Kissinger visitó China”.
No queda claro tampoco la ayuda exacta que EE. UU. está dispuesto a proveer a China.
La mayor asistencia que se ha visto hasta ahora ha involucrado la acusación por parte del Departamento de Estado, de un hombre y su ex esposa por el uso de visas obtenidas de manera fraudulenta, y por usar dinero lavado para comprar propiedades en EE. UU. En otras palabras, fueron llevados a la justicia en EE. UU. por violar las leyes de EE. UU., lo cual difiere significativamente de un procedimiento de extradición.
La pareja, Zhao Shilan, de 51 años y su ex esposo, Qiao Jianjun, de 51 años, están acusados de mentir en su solicitud del formulario EB-5 de inversor extranjero, fingiendo que estaban aún casados y que tenían acciones en una compañía. Qiao, un director en un almacén de granos en China, está acusado de robar unos U$S 500.000 y usarlos para comprar propiedades en Newcastle, estado de Washington.
Pero Qiao, quien está aún suelto, es muy pequeño comparado con los funcionarios sospechados de robar decenas de cientos de millones.
El Departamento de Justicia, en su nota sobre la pareja concluye diciendo que: “Los investigadores…, reconocen la asistencia provista por la Procuraduría Suprema del Pueblo y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China”.
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