El proyecto de ley sobre inmigración que el Parlamento de Dinamarca adoptará en principio el martes tiene por objetivo disuadir a los solicitantes de asilo en este país nórdico.
El texto contiene disposiciones denunciadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular la que prevé confiscar objetos de valor a los migrantes.
Confiscación: La policía podrá registrar en el equipaje de los inmigrantes para confiscar dinero líquido más allá de las 10.000 coronas (1.340 euros, 1.450 dólares) y los objetos de valor que superen dicho umbral. Quedan exentos de la medida los objetos de valor sentimental, como las alianzas.
El proyecto ha suscitado en la prensa extranjera comparaciones con la confiscación de bienes que sufrieron los judíos en la Alemania nazi. El gobierno danés lo presenta en cambio como una contribución de los migrantes al país, según sus posibilidades.
El dinero recabado estará lejos de financiar la estadía de los demandantes de asilo, en cualquier caso. El Partido Popular Danés, hostil a la inmigración y socio de la coalición en el poder, plantea otro objetivo: «lo que decimos es que si alguien quiere venir a Europa, más le vale evitar Dinamarca», dice su portavoz Martin Henriksen.
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Desde los años 1990, Suiza confisca a los demandantes de asilo dinero líquido que supere los 1.000 francos (algo más de 900 euros), pero no bienes materiales.
Reagrupamiento familiar
Los demandantes de asilo que gocen de una protección menor, es decir los que huyen de la violencia en general y no tanto de una amenaza contra su persona, deberán esperar tres años antes de pedir el reagrupamiento familiar, y no uno. El examen de su solicitud puede durar luego varios años, y los refugiados deberán costear el viaje de su familia.
Este tiempo de espera vulnera según los defensores de los derechos humanos varios textos ratificados por Dinamarca, como la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
Otras disposiciones
Los permisos de residencia serán acortados de cinco a dos años, para aquellos que gocen de una protección más elevada, por sufrir una persecución debida a su raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social.
Para solicitar un permiso de residencia permanente será necesario desembolsar 3.700 coronas (unos 500 euros). El demandante deberá haber ocupado un puesto de trabajo durante 2,5 de los últimos tres años, en lugar de tres de los cinco últimos años, tal y como preveía la ley anterior. Igualmente se elevará el nivel exigido de danés.
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