En la contaminada y populosa Beijing ministros Julio De Vido y Axel Kicillof clausuraron hace cuestión de horas un convenio con la China comunista que, según refieren informes oficiales (y extraoficiales), allanará el camino para una inversión de poco más de US$ 2 mil millones en la construcción de la central nuclear ‘Atucha III’. El acuerdo es complementario para la llegada de fondos que se destinarán a la construcción de las represas ‘Néstor Kirchner’ y ‘Jorge Cepernic’, y el ferrocarril ‘Belgrano Cargas’.
La novedad de referencia se superpone con una inversión prevista de US$300 millones con miras a erigir, en la Provincia del Neuquén, una estación de monitoreo espacial que oficiará de nodo para la red de instalaciones similares ya emplazadas en territorio continental chino. Fuentes oficiosas en Beijing destacaron que el proyecto a desarrollarse en el sur argentino involucrará un derecho a explotación bajo leasing por cincuenta años, mientras que la estación cumplirá un rol en el programa CLEP (China Lunar Exploration Program) -cuya meta final es enviar un vehículo tripulado al satélite natural de la Tierra para el quinquenio comprendido entre los años 2025 y 2030.
Pero la extraordinaria cadencia de noticias que colorean el súbito interés inversor de la República Popular en la Argentina parece no guardar relación ni coherencia con las dificultades derivadas de la implementación del promocionado swap -una suerte de aporte al Tesoro Nacional en yuanes no convertibles, por un aproximado de US$ 11 mil millones-, encontrándose hoy el país bajo la espada de Damocles del default. Este delicado panorama ofrece demasiado espacio para la suspicacia, como si los personeros del gobierno estuvieran forzando más de la cuenta el arribo de la siempre elusiva inversión extranjera.
De tal suerte que ambos acuerdos -bautizados a priori como portadores de mero interés comercial- invitan a la consideración de aspectos convenientemente ignorados por el interés de la Administración Fernández de Kirchner. Por caso, el think tank estadounidense NTI (Nuclear Threat Initiative, localizado en Washington, D.C.) se explaya extendidamente sobre la firma estatal China National Nuclear Corporation (CNNC) -compañía con la que De Vido firmó el convenio para Atucha III-:
‘[La firma] China National Nuclear Corporation (CNNC) está involucrada en el desarrollo de los programas de energía nuclear chinos, tanto civiles como militares. Compuesta de más de cien subsidiarias e instituciones dedicadas a la investigación, la CNNC controla la mayor parte de los negocios en el sector nuclear, incluyendo investigación y desarrollo, diseño, extracción y exploración de uranio, enriquecimiento, fabricación de combustible [nuclear], reprocesamiento y eliminación’.
El mismo centro de estudios americano también aporta información detallada sobre la empresa -también constituida con capital estatal- China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) que, de aprobarse el Proyecto en el parlamento argentino, montaría la estación espacial en el Neuquén:
‘[La firma] China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) se encuentra dedicada a telemetría, rastreo y comando de las misiones espaciales chinas. Específicamente, la CTLC administra servicios de control para el lanzamiento de satélites, así como también el rastreo de cohetes, satélites y vehículos espaciales. Desarrolla y fabrica componentes para control satelital, equipo de monitoreo y estructuras para sitios de lanzamiento. La organización controla y supervisa directamente la totalidad de las misiones espaciales chinas, los centros de lanzamiento espacial; y telemetría, rastreo y comando’.
Renglones más abajo, la web de NTI destaca:
‘El director de la CLTC es también la cabeza del Estado Mayor del Departamento General de Armamentos (GAD) del Ejército de Liberación Nacional (PLA). Adicionalmente, es probable que la organización trabaje directamente con las fuerzas armadas chinas a los efectos de proporcionar avisos y notificaciones sobre el tránsito de vehículos espaciales y cohetes’.
En términos generales, se define a la telemetría como un complejo sistema automatizado de comunicaciones cuya función primaria es almacenar y recolectar datos en zonas remotas o inaccesibles, que luego son convenientemente transferidos a otros centros para su posterior análisis. En el ámbito de la inteligencia militar, rusos y estadounidenses recurren a ella permanentemente para rastrear satélites o vehículos espaciales de terceros países. La República Popular China no es ajena a este club, y de ahí la importancia de la estación a construirse en el sur, que contará con equipos de telemetría.
Con todo, los atribulados legisladores nucleados en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta han pasado por alto un detalle de color, a saber, que el Gobierno Nacional ha abandonado la etapa de los negocios a distancia con su par chino, para transitar hacia un novedoso y preocupante capítulo que tiene a las fuerzas armadas de una nación extranjera por protagonistas. El involucramiento castrense foráneo en el ejemplo de Atucha III podría calificarse de indirecto o velado, pero no podría decirse lo propio de la base de vigilancia espacial en el sur. En concreto, se asiste a una cesión efectiva de soberanía: el staff que opere la base será de nacionalidad china en su totalidad, sujeto a lo dispuesto por la legislación de su país -no a las leyes nacionales de la Argentina. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la compañía CLTC pertenece al ámbito de control del Ejército Popular de Liberación, no será difícil colegir que la vigilancia y las operaciones llevadas a cabo en la instalación estarán a cargo de personal militar idóneo (conforme sería ingenuo presuponer lo contrario). En otro orden, es perfectamente plausible que los chinos utilicen la base de referencia para monitorear la trayectoria de satélites y vehículos espaciales de terceras potencias: las implicaciones geopolíticas del caso comportan alcances gravísimos para los intereses de la República Argentina en el futuro. Al cierre, los legisladores argentinos que tomaren parte, directa o indirectamente, en la firma de convenios o acuerdos que den vía libre a esta suerte de proyectos (incluídos la Presidente de la Nación y el Canciller Héctor Timerman) quedarían inmediatamente a tiro de los considerandos del Artículo 29 de la Constitución. Quizás sea ésta una de las razones para explicar los reparos que todavía hacen ver dubitativos a los integrantes del Frente Para la Victoria en la Comisión de RR.EE. del Senado. Con toda probabilidad, será Carlos Zannini quien se ocupe, oportunamente, de aleccionarlos.
Así las cosas, la penetración de la República Popular China en nuestro país ha logrado consolidarse, desde tres instrumentos claramente perceptibles:
1. La penetración comercial, en forma de invasión de productos manufacturados en ese país y que, se trate de insumos para la industria o de artículos de consumo, generan una dependencia de largo plazo, eventualmente mensurable en puntos del PBI. A tal efecto, los fondos comprendidos en el promocionado swap chino sobrevienen con la obligación de incrementar las compras a Beijing.
2. La multiplicación de comercios minoristas -agrupados en sus respectivas cámaras bajo personeros argentinos. Estos puestos de venta se exhiben bajo control de los tongs (o ‘tríadas’) que operan bajo sponsorship del gobierno de la República Popular y remiten a variables más complejas, como ser el tráfico de personas, la comercialización de documentos y pasaportes argentinos para facilitar el ingreso de ciudadanos chinos, el lavado de dinero, y las operaciones locales del crimen organizado llegado de Oriente (que imparte justicia por mano de sus lugartenientes, con la consabida impunidad). Ya en la década del noventa, el Ejército Argentino contaba con un departamento especial de análisis exterior que alertaba sobre el crecimiento de esta amenaza; por su parte, la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) efectuaba el correspondiente seguimiento de personajes clave de las mafias chinas locales llegando -en casos puntuales- a reprimir sus operaciones y exhortando a sus cabecillas a que abandonen el país. El arribo del kirchnerismo al poder cercenó de cuajo estas acciones preventivas.
3. La construcción de instalaciones portadoras de tecnologías complejas, factor determinante para la proyección militar y geopolítica china en el extranjero (conforme se describiera previamente, en el caso de Neuquén).
Ya se dijo: las naciones que carecen de pensamiento estratégico pasan a formar parte de estrategias de terceros.
Matias E. Ruiz es Analista en Medios de Comunicación Social y Licenciado en Publicidad. Es Editor y Director de El Ojo Digital desde 2005. Columnista de temas políticos e internacionales -con foco en seguridad y propaganda- sobre la base de publicaciones y material preparado por think tanks y ONGs. Colaborador en medios nacionales e internacionales.
Artículo original cortesía El Ojo Digital.
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