Este jueves comenzó la fase final del juicio político a la presidente brasileña Dilma Rousseff, quien deberá enfrentarse a un tribunal para esclarecer los 4 «delitos de responsabilidad», que podrían llevarle a su destitución.
Los cargos formulados contra Rousseff no configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando fue acusada de emitir 3 decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de solicitar créditos con la banca pública en favor del Gobierno y un presidente interino (Michel Temer) está ocupando su lugar.
Estas operaciones están tipificadas como infracciones en la Ley de Responsabilidad Fiscal -en vigor desde el 2000- que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
Con respecto a los decretos, la acusación se refiere a que –durante su mandato- se amplió el límite de gastos autorizado previamente por el Congreso para el año 2015 en 1.750 millones de reales, lo cual aumentó el déficit público en un 1,5 %. Lo que alega la defensa es que esos decretos no precisaban de autorización parlamentaria, ya que se referían a ingresos no contemplados en el cálculo del presupuesto y que habían sido reservados por el Estado.
En relación a los créditos, la acusación se refiere a reiterados atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el Banco do Brasil (que es estatal) para costear diversos programas agrícolas y opciones de financiación en condiciones preferenciales para ese sector.
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