La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evaluará la sentencia de un tribunal mexicano que creó una Comisión de la Verdad sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa al presumir que la investigación de la Fiscalía de México «no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial».
«La CNDH analiza el sentido y alcance de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, respecto de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014», indicó el organismo en un boletín.
El órgano de derechos humanos explicó que, al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados ni en el recurso promovido, «no está al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo».
«Y, por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación», agregó.
Finalmente, el organismo refrendó su compromiso con el Estado de Derecho y señaló que continuará realizando las labores de investigación que, «de manera comprometida, sostenida y profesional», ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos.
En la sentencia dada a conocer este lunes, al amparar a los demandantes del caso Ayotozinapa, el tribunal destacó que hay indicios de confesiones obtenidas bajo tortura y de que la investigación incumplió jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Protocolos de la Organización de Naciones Unidas.
Además, argumentaron que la comisión se crea ante las «graves violaciones» de derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, ante la falta de una Fiscalía independiente en México y a que debe investigarse la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.
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