El Procurador General Jeff Sessions anunció el 5 de septiembre el fin de la Acción Diferida para la Llegada de Niños y Niñas (DACA, por sus siglas en inglés) diciendo que la política en la era Obama era inconstitucional y que el Departamento de Justicia “no puede defender este tipo de extra limitaciones”.
Desde junio de 2012, DACA concedió a casi 800.000 inmigrantes ilegales un indulto de deportación renovable por dos años, así como también permiso de trabajo y acceso a la seguridad social.
Los beneficiarios de DACA deben haber llegado ilegalmente al país antes de cumplir los 16 años de edad y haber cumplido los 31 años cuando solicitaron el estatus de DACA, entre otros criterios.
El ex presidente Barack Obama introdujo DACA en junio de 2012 como una “medida temporal y transitoria”.
“Ahora seamos claros, esto no es amnistía, esto no es inmunidad, esto no es un camino hacia la ciudadanía; no es una solución permanente” dijo en ese momento.
La edad media de los beneficiados de DACA es de 25 años y aquellos de edad máxima tienen 36 años. El 81 por ciento de los receptores son mexicanos, pero algunos vienen de países tan lejanos como Pakistán y Filipinas. Nueve por ciento son ciudadanos de El Salvador, Honduras o Guatemala.
Cuarenta y cinco por ciento de los beneficiados por DACA viven en California o Texas y Nueva York, Illinois y Florida completan los cinco estados principales.
Nuevas Reglas
El 5 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió el memorándum de Obama de 2012 que estableció DACA y dijo que ya no recibirá nuevas solicitudes DACA.
Las solicitudes de renovación recibidas antes del 5 de octubre, serán procesadas para los actuales titulares de DACA cuyos beneficios vencerán entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018. El programa no se eliminará completamente hasta marzo de 2020.
Hasta el 20 de agosto había 34.487 solicitudes iniciales pendientes y 71.854 renovaciones, según el DHS.
El DHS dijo que no “proporcionará proactivamente” información de las solicitudes DACA a las fuerzas de seguridad con el propósito de deportar.
El presidente Donald Trump aseguró a los beneficiados de DACA que no son prioridad para ser deportados, “a menos que sean criminales, estén involucrados en actividades criminales o sean miembros de una pandilla”.
Estamos enfocados en los criminales, las amenazas a la seguridad, los pasos fronterizos, los excesos de visas y a los violadores seriales » dijo Trump en una declaración el 5 de septiembre.
El plazo otorgado al Congreso son seis meses para encontrar una solución definitiva.
“No voy a simplemente recortar DACA, sino que más bien voy a proporcionar una ventana de oportunidad para que el Congreso finalmente actúe” dijo Trump, agregando que el poder legislativo es responsable de redactar las leyes sobre inmigración, no el poder ejecutivo.
“No estoy a favor de castigar a los niños- la mayoría de los cuales ahora son adultos- por las acciones de sus padres. Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes” dijo.
Trump dijo que tenía «un gran corazón» para los beneficiaros de DACA.
“Tengo un amor por estas personas y espero que ahora el Congreso pueda ayudarlas y hacerlo apropiadamente”, dijo en una reunión de reforma tributaria después de que el procurador general Sessions hiciera el anuncio inicial.
“Tenemos que ser capaces de hacer algo y creo que va a salir muy bien. Y a largo plazo, será la solución correcta”.
Desafío de DACA en la Corte
Sessions dijo que si DACA era impugnada en la Corte -como prometieron 10 fiscales generales republicanos del estado- enfrentaría el mismo resultado que la versión extendida de DACA y la amnistía para los padres, conocida como DAPA.
El 23 de junio de 2016, la Corte Suprema confirmó la decisión de bloquear el intento de Obama de expandir DACA en 2014 e introducir DAPA (Acción Diferida para Padres de Americanos).
DAPA habría otorgado el indulto temporal de deportación y permiso de trabajo a aproximadamente 3.6 millones de inmigrantes ilegales que tenían un hijo que era ciudadano estadounidense o residente permanente legal y que cumplía con otros criterios.
En junio de este año, el gobierno de Trump puso fin a la amnistía del DAPA.
Sessions dijo que el fin del DACA es un paso importante para poner fin a la “falta de respeto por el proceso legislativo” del gobierno anterior, que “no sólo socava la autoridad de este poder sino que desestabiliza el sistema tripartito en su conjunto”.
“Somos un pueblo de compasión y somos un pueblo de ley” dijo Sessions. “Pero no hay nada compasivo sobre el fracaso en hacer cumplir las leyes de inmigración. Es mi deber asegurarme de que las leyes se cumplan”.
Reforma Migratoria
Trump dijo que Washington no ha logrado hacer cumplir la ley de inmigración durante décadas, con “consecuencias predecibles y trágicas”.
Señaló que las consecuencias incluyen “salarios más bajos y un mayor desempleo para los trabajadores estadounidenses, cargas sustanciales para las escuelas y hospitales locales, la entrada ilícita de drogas peligrosas y cárteles criminales y muchos miles de millones de dólares al año en costos pagados por los contribuyentes estadounidenses”.
“Antes de preguntar qué es justo para los inmigrantes ilegales, también debemos preguntar qué es justo para las familias estadounidenses, los estudiantes, los contribuyentes y los demandantes de empleo” dijo Trump.
“Por encima de todo, debemos recordar que los jóvenes estadounidenses también tienen sueños. Estar en el gobierno significa establecer prioridades. Nuestra primera y más alta prioridad en el avance de la reforma migratoria debe ser mejorar los empleos, salarios y seguridad para los trabajadores estadounidenses y sus familias”.
La administración de Trump está respaldando una reforma migratoria que se mueve hacia un sistema basado en el mérito, en lugar del actual sistema basado en la familia. Bajo el sistema de méritos, a los solicitantes se les otorgan puntos por criterios tales como la edad, educación, habilidad lingüística y experiencia laboral. Si los Estados Unidos necesitan ciertos tipos de trabajadores, el sistema puede ajustarse para dar a esas industrias más puntos.
En agosto se presentó al Congreso una versión revisada de la Ley RAISE, que se basa en un sistema de méritos.
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