Los contribuyentes de Seattle están pidiendo a la Corte Suprema que revise un sistema de financiación de campañas públicas en las elecciones locales que, según ellos, los obliga a proporcionar fondos para los candidatos políticos contra su voluntad a través de un programa de «vales de democracia».
Se espera que los jueces consideren la solicitud de certiorari el 20 de marzo, según Ethan Blevins, abogado de la Pacific Legal Foundation (PLF), que representa a los propietarios de Seattle Mark Elster y Sarah Pynchon, en el caso conocido como Elster v. Seattle .La PLF es una firma de abogados de interés público con sede en Sacramento, California.
«Cuando las personas se ven obligadas a financiar el discurso privado de otras personas, viola sus derechos de conciencia bajo la Primera Enmienda», dijo Blevins a The Epoch Times en una entrevista.
“La conclusión aquí es que la Primera Enmienda incluye el derecho a hablar pero también incluye el derecho a no hablar. Deberías tener derecho a no hablar».
La PLF demandó con la esperanza de revocar la ordenanza local que exige el financiamiento de la campaña pública. Bajo el programa de «vales de democracia» de Seattle, cada residente de la ciudad recibe cuatro vales de USD 25 para apoyar a los candidatos elegibles para un cargo político local. El dinero para financiar el programa proviene de un impuesto especial sobre la propiedad. La demanda argumenta que estos subsidios obligados violan el derecho de la Primera Enmienda a abstenerse de hablar o financiar el discurso de otra persona.
Seattle promulgó este sistema de cupones después de que los votantes aprobaran la Iniciativa 122. La medida se promocionó en ese momento como «dar a más personas la oportunidad de hacer oír su voz en nuestra democracia» y como «vital para garantizar que la gente de Seattle tenga la misma oportunidad de participar en campañas políticas y ser escuchado por los candidatos, [y] para fortalecer la democracia”, declaró la ciudad en documentos legales.
La ley entró en vigencia en 2017. La iniciativa agregó un subcapítulo “Elecciones honestas de Seattle” a la ley de la ciudad, que introdujo varias reformas. La ciudad codificó gran parte de la iniciativa en el Código Municipal de Seattle.
Los primeros cupones, pagados por los propietarios mediante un impuesto sobre sus tierras, se distribuyeron a los residentes que luego los utilizaron para contribuir a los candidatos elegibles para las oficinas locales de la ciudad. No existe un mecanismo de reembolso o exención para los objetores de conciencia.
Algunos propietarios, incluido Pynchon, poseen propiedades dentro de la ciudad y están sujetos al impuesto a pesar de que residen fuera de los límites de la ciudad y no son elegibles para recibir vales. Elster y Pynchon, los peticionarios en el caso, se oponen a financiar el discurso político que no quieren apoyar, según la PLF.
El tribunal de primera instancia falló contra los contribuyentes, al igual que la Corte Suprema de Washington en apelación en julio de 2019. La petición que solicita la revisión de esa decisión se presentó ante la Corte Suprema en noviembre de 2019.
Blevins fue optimista sobre sus posibilidades en la corte superior.
«Siempre es una posibilidad remota en la Corte Suprema», dijo. “La pregunta es si se otorga. Si se otorga, entonces tenemos una muy buena oportunidad de revertir esa decisión».
«Creo que es más probable que esta petición interese al tribunal que una petición promedio» debido al interés del tribunal en la Primera Enmienda y la doctrina del subsidio obligatorio, dijo.
Roger D. Wynne, abogado asistente de la ciudad de Seattle, se negó a discutir los detalles del caso cuando fue contactado por The Epoch Times. Dijo que el informe de la oposición que la ciudad presentó ante el tribunal «habla por sí mismo».
«Este tribunal debería negar la petición», dice ese breve. «El programa de Vales de Democracia de Seattle no merece la atención de este Tribunal porque es un programa nuevo y único que se basa en un impuesto mínimo».
El informe enfatizó que el programa de cupones es “el primero y único de su tipo. No existe otro programa de cupones en la nación. Otras jurisdicciones han considerado tales programas, pero ninguno ha promulgado uno”.
La Corte Suprema del estado señaló que el programa «se asemeja a otras formas neutrales en cuanto al contenido que el gobierno facilita el discurso político, por ejemplo, cuando el gobierno distribuye los panfletos de los votantes», indicó el informe de la ciudad.
Ese tribunal también encontró que el programa «no puede mostrar el impuesto individualmente asociado con ningún mensaje [particular]», según el documento.
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