La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó este jueves la recusación pedida por el senador Iván Cepeda contra el fiscal general, Francisco Barbosa, en la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El alto tribunal resolvió «rechazar la recusación presentada por el apoderado judicial del ciudadano Iván Cepeda Castro» en contra del fiscal para «conocer diligencias penales» contra Uribe, presidente entre 2002 y 2010, al advertir «la improcedencia de trasladar a la Justicia la solución de conflictos políticos».
«Contra la presente decisión no proceden recursos», señaló la Corte Suprema de Justicia en su decisión.
Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, recusó a Barbosa luego de que el expediente del caso fuera remitido a la Fiscalía por la Corte Suprema, que cedió la competencia de la investigación tras la renuncia de Uribe al Senado, con lo cual el exmandatario perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
La razón invocada por Cepeda para la recusación fue un probable conflicto de intereses ya que el fiscal Barbosa es amigo de vieja data del presidente colombiano, Iván Duque, del partido Centro Democrático, fundado por Uribe en 2014.
Respuesta de Barbosa
El lunes pasado, el fiscal general manifestó que no está impedido para investigar al expresidente porque «no existe vínculo alguno entre los funcionarios recusados y la persona del procesado con la dimensión suficiente para afectar su imparcialidad en este caso, ni siquiera desde un estándar de ‘percepción razonable'».
Barbosa señaló que esa petición es «improcedente» y dijo que «carece de todo fundamento jurídico dado que no está prevista en la ley ni en la Constitución, ni -contrario a lo que se sostiene- en ningún estándar normativo vinculante de bloque de constitucionalidad».
«Si cada suspicacia, expresión o coyuntura política minara la independencia e imparcialidad del órgano persecutor y tuviera que convocarse, bajo las sospechas o ‘percepciones’ de los opinadores de turno, la designación de un ‘fiscal ad hoc’, el cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía y de sus delegados se tornaría imposible y carecería de sentido», agregó.
Caso contra Uribe
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y abrió una investigación por presunta manipulación de testigos al expresidente, quien está bajo detención domiciliaria desde el último 4 de agosto por decisión de la Corte.
El pasado 1 de septiembre, los abogados de Uribe pidieron que se levante la orden de detención domiciliaria de su cliente bajo el argumento de que «si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal», como en este caso, «no puede estar una persona privada de la libertad».
Mientras se espera que un juez decida aceptar o rechazar la petición de la defensa, hoy Uribe permanece en una hacienda de su propiedad en el departamento caribeño de Córdoba.
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