Han transcurrido 11 meses desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la frontera colombo-venezolana y el efecto de la medida no ha sido positivo.
Así coinciden sectores políticos y empresariales, quienes aseguran que el régimen chavista no logró frenar el contrabando de alimentos ni las acciones de bandas criminales y mucho menos resolver la escasez.
Según recuerda El Nacional, el mandatario ordenó en aquel momento el cierre fronterizo por 72 horas, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, estado Táchira. Antes del vencimiento de ese plazo, Maduro desconcertó otra vez a los habitantes de la frontera y al Gobierno de Colombia con otro anuncio: el cierre sería indefinido. El bloqueo, además, se amplió a los municipios Junín, Rafael Urdaneta, Capacho Libertad y Capacho Independencia.
El 20 de agosto del año pasado, decretó el estado de excepción en los 6 municipios por 60 días. Luego vino una prórroga por otros 60 días y una vez que se venció no se levantó. Se ha mantenido hasta la fecha.
El medio resalta que de acuerdo con el Decreto 1950, la medida excepcional publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 6194, se tomó por las «circunstancias delictivas y violentas vinculadas con el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas», a lo que sumaron aspectos de orden económico que el gobierno identificó como «atentados cometidos contra la moneda venezolana y contra los bienes adquiridos con divisas del pueblo».
Carlos Chacón, concejal del municipio Bolívar, aseguró que nada de lo establecido en el decreto se ha cumplido. Muestra como evidencia las cifras de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia: el contrabando con Venezuela fue de 7 millones de dólares al cierre de marzo y una vez que finalice julio se duplicará a 14 millones de dólares. Señaló que la cifra es equivalente a 35 presupuestos anuales de 6 municipios fronterizos.
Por su parte, Alejandro García, alcalde del municipio Pedro María Ureña, afirmó que se incrementó la criminalidad, la presencia de grupos subversivos y la incomodidad para los venezolanos.
«Se cerraron los puentes internacionales, pero las trochas están abiertas para los contrabandistas. 80% de los negocios en Ureña dejaron de laborar por falta de materia prima y mano de obra que venía de Colombia. Los habitantes del municipio tienen que ir a Rubio o a San Cristóbal para comprar alimentos porque a la frontera no llega. La escasez se agudizó», explicó, indica El Nacional.
«El cierre de la frontera sirvió para muy poco. No se solucionaron los problemas que prometieron resolver», afirmó, asimismo, el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Gonzalo Capriles. El intercambio comercial bilateral ha venido cayendo por el cierre de la frontera, de acuerdo con Cavecol. Entre enero y abril de este año el descenso fue de 27%: registró 385 millones de dólares frente a 530 millones de dólares de igual período de 2015.
De igual forma, el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas colombiano detalló que las exportaciones de Venezuela a Colombia se redujeron 19% al alcanzar 75 millones de dólares en 2016. Las importaciones de rubros colombianos por parte de Venezuela se contrajeron 29%; de 438 millones de dólares en 2015 bajaron a 310 millones este año.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras-Táchira, coincide en que la decisión de cerrar la frontera no fue acertada. Dijo que 70% de los negocios debieron cerrar y se perdieron más de 25.000 empleos.
Aunque el gobernador chavista de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, insiste en que el cierre de la frontera es para proteger a los ciudadanos, Ramón Cabeza, comisionado de Seguridad Ciudadana de la gobernación, admitió que al cierre del primer semestre de 2016 aumentaron los homicidios en los municipios fronterizos Pedro María Ureña, García de Hevia y Panamericano, y que la razón obedeció al ajuste de cuentas entre bandas por la disputa territorial, distribución de droga, cobro de vacuna y contrabando de extracción.
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