Las autoridades colombianas detuvieron este viernes al disidente de las FARC Abel Antonio Loaiza Quiñónez, alias ‘Azul’, a quien acusan de ser el responsable de líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla en el departamento del Putumayo (fronterizo con Ecuador y Perú).
«La Policía de Colombia con apoyo de la Fiscalía dieron golpe contundente a disidencias, con la captura, en Puerto Asís, Putumayo, de Abel Antonio Loaiza Quiñonez, alias ‘Azul’, presunto responsable del asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC», dijo el presidente colombiano, Iván Duque, en Twitter.
El director general de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que Loaiza Quiñónez «había sido uno de los victimarios de un caso muy conocido que conmovió al Putumayo: el asesinato de la lideresa Gloria Ocampo, en hechos ocurridos en enero del año 2020, en el municipio de Puerto Guzmán».
Ocampo -de 37 años y secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la aldea La Estrella, en el municipio de Puerto Guzmán- fue asesinada a tiros junto a un hombre identificado como Heladio Moreno en una zona rural del Putumayo el 7 de enero.
Ocampo era activista a favor de la sustitución de cultivos ilícitos en La Estrella, según algunas versiones de personas de la región.
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«Estamos complacidos de que en Puerto Asís (Putumayo) haya caído este criminal. Obviamente, seguiremos protegiendo a los excombatientes y haciendo todo lo que se necesita para que estos casos no queden impunes», dijo, por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Según la Policía, el disidente fue puesto a disposición de la Fiscalía General por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y accesorios.
El gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, destacó la detención de Loaiza Quiñónez, pues según dijo estaba «haciendo daño en el departamento, atemorizando a líderes sociales y líderes comunitarios».
El jueves, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y siete organizaciones sociales pidieron al Estado colombiano que garantice la vida e integridad en el Putumayo, que está azotado por la violencia de grupos que se disputan el control territorial.
Según el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia el año pasado, el 75 % de estos casos ocurrió en zonas rurales y el 86 % en municipios con «un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional».
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