Los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia alcanzaron este miércoles el histórico y definitivo acuerdo de paz en La Habana para extinguir un enfrentamiento de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas.
Las difíciles discusiones que por cuatro años albergó Cuba llegaron a feliz término: la suscripción de un acuerdo de seis puntos que, para hacerse efectivo, deberá ser aprobado en un plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos para el 2 de octubre.
«Hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años», según el comunicado conjunto leído por los garantes de Cuba y Noruega.
El pacto prevé en esencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depongan los fusiles y se conviertan en partido político.
«Hemos ganado la más hermosa de todas la batallas: la de la paz de Colombia», proclamó Iván Márquez, jefe negociador de los rebeldes tras suscribir el pacto con Humberto De la Calle, su contraparte del gobierno.
En un emotivo mensaje a los colombianos, Santos, que ha apostado su capital políico a este acuerdo, declaró: «!podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico!
En ciudades como Bogotá y Cali centenares de personas, que siguieron el anuncio a través de pantallas gigantes, estallaron de júbilo y agitaron banderas nacionales.
El acuerdo con la mayor guerrilla de Colombia, en armas desde 1964, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que deja unos 260.000 muertos, casi siete millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos.
El pacto de La Habana prevé compromisos para solucionar el problema agrario, que dio origen al levantamiento de las FARC), y enfrentar el del narcotráfico, combustible de la violencia.
También acordaron un alto al fuego bilateral y definitivo, fórmulas de justicia y reparación de las víctimas, y la participación en política de los futuros excombatientes.
Se espera que las FARC inicien su desarme en un plazo de seis meses contados a partir de su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia.
Observadores desarmados de la ONU y delegados de las FARC y el gobierno verificarán el proceso de dejación de armas, con las cuales se levantarán tres monumentos.
El proceso de La Habana llegó a buen puerto después de tres intentos fallidos de negociación en 1984, 1991 y 1999.
«Uno no cree que puede vivir para ver cosas como estas, históricas para el país», dijo en Bogotá Marcela Cárdenas, un empleada de 24 años.
De momento no se ha anunciado si el acuerdo, en caso de ser aprobado, será firmado por Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko), jefe máximo de la guerrilla.
Aun cuando las negociaciones cerraron exitosamente, Colombia todavía deberá esperar a que lo pactado en La Habana sea aprobado por los colombianos.
Solo si el acuerdo supera la prueba en las urnas (para lo cual requiere al menos 4,4 millones de votos afirmativos y que el «No» tenga una votación menor), podrá decirse que el último conflicto armado en América está en vías de extinguirse.
Sin embargo, todavía están activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) – una organización casi igual de antigua que las FARC pero más débil – y grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
Con la negociación concluida formalmente, el gobierno de Santos se concentrará en la campaña para lograr la aprobación del acuerdo, mientras la guerrilla, con el texto en la mano, realizará una última reunión de comandantes con la tropa en Colombia para dar el paso definitivo hacia su desarme.
«La decisión, colombianos, está en sus manos», dijo Santos, y destacó que el plebiscito será «la votación más importante de nuestras vidas».
Un sector influyente en Colombia encabezado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente a lo pactado en La Habana por considerar que dejará en la impunidad delitos atroces de las FARC.
El compromiso alcanzado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
«La votación del plebiscito marcará el inicio de todo (lo pactado). Si gana el No, se puede recomponer los acuerdos desde el punto de vista jurídico, pero políticamente sería muy complicado. Se vendría de nuevo la guerra», dijo a la AFP Ariel Ávila, analista del Observatorio Paz y Reconciliación.
En una de las primeras reacciones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó por teléfono a Santos para «felicitarlo por concluir detalles claves del acuerdo de paz», y le reiteró el respaldo de su gobierno, según un mensaje de la Casa Blanca.
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