El parlamento de Dinamarca empezó el miércoles a debatir un polémico proyecto de ley que tiene casi asegurada su aprobación y que permitirá confiscar los bienes a los migrantes con el fin de costear sus gastos de alimentación y alojamiento.
La ley, que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados induce «el miedo y la xenofobia», tiene asegurada su aprobación luego de un acuerdo entre la mayoría de derecha y los socialdemócratas en la oposición.
Cabe destacar que el texto forma parte de una nueva reforma de las condiciones de acogida de refugiados, cada vez más restrictivas. Considerada por algunos como justicia social y por otros como un impuesto sobre la miseria, dicha ley permitirá a los policías «confiscar los bienes que los demandantes de asilo llevan consigo para costear sus necesidades en alimentación y alojamiento».
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Sin embargo, incluso sus defensores reconocen que las confiscaciones no significará grandes ingresos para la oficina danesa de migraciones, responsable de tomar a su cargo a los migrantes. Según sus promotores, el fin es mandar una «señal» para disuadir a sirios, iraquíes o afganos de ingresar a Dinamarca.
Cabe destacar que desde que fue presentado en el mes de diciembre por la ministra de Inmigración e Integración, Inger Støjberg, el proyecto de ley fue modificado 2 veces para hacer frente a las críticas y conseguir que lo apoyen la mayoría de diputados de derecha e izquierda.
Asimismo el martes, los partidos del gobierno alcanzaron un acuerdo con los socialdemócratas, principal partido de oposición. Si finalmente se adopta el texto, la policía podrá registrar a los migrantes y confiscarles el dinero que exceda los 10.000 coronas danesas (1.340 euros) así como los objetos cuyo valor sea superior a 10.000 coronas.
Los migrantes podrán sin embargo conservar los bienes «con valor afectivo especial», como joyas, medallas o retratos de familia.
Sólo 3 partidos de izquierda siguen siendo totalmente contrarios a la medida. Si no hay cambios de última hora, el texto será aprobado el 26 de enero a pesar de las protestas, incluso dentro de la mayoría.
Reputación
El miércoles, un grupo de responsables locales del Venstre, el partido del primer ministro Lars Løkke Rasmussen, acusaron al gobierno de poner en peligro la imagen de Dinamarca como país de acogida y de tolerancia.
«No es sólo un problema de política y de humanidad, también nos jugamos la reputación de Dinamarca en el extranjero», según escribieron los políticos en el periódico Berlingske. «Focalizándonos en acciones simbólicas y no en la cuestión de fondo, olvidamos que la política afecta a personas reales de carne y hueso», añaden.
El debate parlamentario será una oportunidad para Venstre para explicar su proyecto, «el más incomprendido de la historia de Dinamarca», dijo el martes el jefe de gobierno, y que el Washington Post comparó con la confiscación nazi de los bienes judíos.
En 2015 Dinamarca, un país de 5,4 millones de habitantes, registró 21.000 demandas de asilo. Esta cifra lo convierte en unos de los países de la Unión Europea con más migrantes por habitante, por detrás de Finlandia, Austria, Alemania y Suecia, el país vecino que recibió 163.000.
El gobierno considera que no tiene recursos para albergar a más refugiados. El gobierno, bajo la influencia del Partido Popular Danés, una formación xenófoba que le permite tener mayoría en el parlamento, publicó en septiembre anuncios en tres periódicos árabes de Líbano explicando la legislación restrictiva del país con los migrantes.
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