Estados Unidos condenó a la Corte Penal Internacional (CPI) por emitir el 21 de noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por sus acciones en el conflicto entre Israel y Hamás.
«Estados Unidos rechaza categóricamente la decisión de la corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes», declaró un portavoz del Departamento de Estado a The Epoch Times por correo electrónico.
El departamento calificó la decisión de precipitada y afirmó que la CPI «carece de jurisdicción sobre este asunto».
«Sin importar lo que este fiscal pueda insinuar, no existe equivalencia alguna entre Israel y Hamás», expresó el portavoz.
Estados Unidos analiza los siguientes pasos con Israel y otros socios, indicó el portavoz.
El Pentágono respaldó la postura del Departamento de Estado.
En un comunicado, el fiscal de la CPI Karim A.A. Khan explicó que Netanyahu y Gallant cometieron crímenes de guerra en Gaza al provocar hambruna en su población.
También señaló que ambos cometieron «crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, como autores directos, actuando en conjunto con otros».
Además, Khan afirmó que «cada uno de ellos tiene responsabilidad por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra civiles desde su posición de mando».
Netanyahu criticó la orden de arresto y la calificó de «antisemita».
«Hoy marca un día oscuro en la historia de las naciones. La Corte Penal Internacional de La Haya, creada para proteger a la humanidad, se ha convertido hoy en enemiga de la humanidad», declaró en un video publicado en la plataforma X.
El senador John Thune (R-S.D.), quien asumirá como líder de la mayoría del Senado en enero, anunció en el pleno que el Senado presentará un proyecto de ley para imponer sanciones a la CPI si el actual líder de la mayoría, el senador Chuck Schumer (D-N.Y.), no lo hace antes.
Las organizaciones judías también condenaron las órdenes de arresto.
El Congreso Judío Estadounidense las calificó de «atroces» y resultado de «un claro sesgo antiisraelí que constituye una interferencia política en los esfuerzos de Israel por combatir el terrorismo y desconoce tanto la soberanía judicial de Israel como su derecho a proteger a sus ciudadanos».
Además, agregó que la «decisión envía un mensaje peligroso e inaceptable: que defender a civiles inocentes del terrorismo o responder a entidades comprometidas con la destrucción de tu Estado constituye de algún modo un acto criminal».
«La CPI es un tribunal ilegítimo que todos nuestros líderes deberían condenar enérgicamente por las indignantes órdenes de arresto de hoy contra Israel», publicó la Coalición Judía Republicana en X.
Otras organizaciones aplaudieron la medida de la CPI.
«Todos los Estados miembros de la Corte Penal Internacional -incluso sus antiguos defensores como Estados Unidos- tienen el deber de detener inmediatamente al primer ministro Netanyahu y al exministro de Defensa Gallant en la primera oportunidad», declaró Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracia para el Mundo Árabe Ahora, en X.
«Las órdenes de arresto de la CPI contra estos funcionarios israelíes marcan un hito para la justicia y la rendición de cuentas, y representan prácticamente la única esperanza de preservar el derecho internacional en un momento de impunidad genocida israelí respaldada por Estados Unidos», añadió.
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas instó a la CPI a ir más allá de las órdenes contra Netanyahu y Gallant.
«En adelante, cualquier otro líder político que continúe permitiendo y financiando los crímenes contra la humanidad del gobierno israelí -incluidos funcionarios de la administración Biden- también deberá rendir cuentas», afirmó el director ejecutivo del grupo, Nihad Awad.
La CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, quien se cree muerto aunque esto no se ha confirmado.
La CPI, según Khan, «encontró motivos razonables para creer que es responsable de crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual; así como de crímenes de guerra que incluyen asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual».
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