“Estamos acá hoy porque lo que concierne a un país concierne a todos. Esta lucha contra la muerte, la injusticia y la intolerancia es también la de quienes perdieron a sus familiares y amigos durante la dictadura militar. Es el mismo dolor, las mismas lágrimas”.
El marco era la conmemoración del decimo sexto aniversario del atentado contra la AMIA, y la autora de esas palabras publicadas por el diario La Prensa el 17 de julio pasado es una de las más respetadas representantes de los organismos de derechos humanos de Argentina, titular de las “Abuelas de Plaza de Mayo”, la Sra. Estela Carlotto.
La frase de la Sra. Carlotto ha sido suficientemente vasta para abarcar a todos aquellos que sufren o han sufrido persecución o injusticias, provenientes de intolerantes de cualquier signo político, ideológico ó religioso. Y, viniendo de una persona que ha mercado tendencia en las políticas de derechos humanos que se siguen en nuestro país, se convierte en una clara referencia que debería ser extensible a la diplomacia argentina, especialmente cuando se plantea en las relaciones exteriores la ‘encrucijada’ de sostener la defensa de los derechos fundamentales por sobre cualquier otro tipo de interés.
En esta ‘encrucijada’ –que frente a una convicción firme no debería ser tal–, las relaciones con la República Popular China son, quizás, el examen más evidente de la coherencia del discurso argentino en la materia.
Como abogado de la querella –en representación de la denunciante, Liwei Fu, presidenta de la Asociación Civil de Falun Dafa en Argentina– en la causa abierta ante los tribunales Federales de Buenos Aires, con el fin de investigar la sangrienta persecución contra practicantes de Falun Gong en China continental, me siento en deber de advertir que las víctimas de la persecución desatada por iniciativa de la cúpula del partido comunista chino (PCCh) también están sufriendo a causa de “la injusticia y la intolerancia” por parte de los representantes de un Estado que es regido por un sistema de partido único represor, instalado en el poder ininterrumpidamente desde 1949.
Me refiero a los cientos de miles de víctimas (para citar las estimaciones más moderadas) que en este preciso momento viven con miedo, tristeza de familiares desaparecidos, en el exilio, en los campos de reeducación forzada, en las prisiones del estado, sometidos a la tortura diaria y a la presión psicológica por parte de agentes estatales que ejecutan una represión cruel contra los practicantes de Falun Gong, por la única y simple razón de adherir a una creencia espiritual que se centra en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
Día a día, en el trabajo de esta causa, los hechos y testimonios me demuestran que su dolor y sus lágrimas también son los mismos que el de quienes padecieron bajo la dictadura militar que gobernó este país entre 1976-1983.
Por eso me ha sorprendido enormemente que después de todo lo que se ha avanzado en cuestiones de derechos humanos en Argentina, la Presidenta Fernández de Kirchner haya concretado el viaje a la República Popular China, sin formular el mínimo reclamo u observación respecto de la irregular situación política y represiva existente, públicamente conocida por cualquier observador medianamente informado.
Asimismo, debo confesar que me dejó atónito que la Presidenta además haya coronado el viaje diciendo: “Ustedes han tenido la suerte que nosotros no, de la perseverancia en el tiempo de un mismo proyecto político-económico”, tal como fue consignado el 16 de julio en el diario Clarín por su enviado especial Leonardo Míndez.
La transcripción del corresponsal jamás fue rectificada por los voceros gubernamentales, y se le dio amplia cobertura periodística. Ello me autoriza a decir que la misma sella la profundísima contradicción con la política de derechos humanos aplicada en el plano interno, y la inexistencia de una política con ese fin a la hora de negociar con “aparatos estatales” gobernados por autócratas que llevan adelante violaciones aberrantes y en abierta infracción contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, firmada el 19/12/1948, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 10/12/1984 y todos los tratados concordantes.
El 21 de enero de 2010, mientras la Cancillería Argentina reprogramaba el frustrado viaje presidencial a China, el Parlamento Europeo emitía una nueva resolución condenando las violaciones de los derechos humanos en China, haciendo hincapié en el caso de Liu Xiaobao, abogado y académico, destacado defensor de los derechos humanos y perseguido por el PCCh, que ha sido condenado a 11 años de cárcel.
Me resultó muy frustrante confirmar que la Sra. Presidenta no haya tan siquiera preguntado a los representantes del partido gobernante de China continental por este defensor de los perseguidos políticos y de conciencia, como así también por Gao Zhisheng, abogado y activista cristiano de derechos humanos y candidato al Premio Nobel de la Paz, que se encuentra desaparecido y solo se ha tenido noticias de él a través de llamados telefónicos esporádicos. Su último llamado fugaz daba cuenta de que “me encuentro bien y dejaré el activismo”, dando un indicio muy firme de que solo a través de la tortura física o psicológica pueden haber logrado semejante declaración de una persona con convicciones firmes en la defensa de los derechos humanos.
Aunque mas no sea a través de los funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería, los representantes argentinos deberían ser más activos a fin de hacer realidad la declaración de los objetivos de las relaciones exteriores, expresados en la página Web de ese organismo ministerial cuando dice: “Priorizar la integración de la Argentina al mundo, mediante consensos orientados al fortalecimiento del derecho internacional, la promoción de los valores asociados a la paz internacional, la forma democrática de gobierno, el respeto a los derechos humanos y un sistema de comercio equilibrado…”
Lo más lamentable para mí como ciudadano, abogado y por lo tanto auxiliar de la Justicia, como así también por mi clienta Liwei Fu y todos los practicantes víctimas de la “la injusticia y la intolerancia”, es que la contradicción no finaliza en el viaje y en las lamentables declaraciones, sino que las relaciones inter–estatales entre los actuales administradores del gobierno argentino y la cúpula del PCCh son prioritarias por sobre las vidas humanas en juego.
Muchos altos funcionarios del gobierno nacional, a pesar de haber aceptado los principios universales que condenan los delitos de lesa humanidad, aplicados exitosamente en los procesos de “memoria y verdad” que se llevan a cabo en Argentina contra los procesados que actuaron durante la última dictadura militar, pareciera que no tienen inconveniente alguno de evitar juzgar a criminales injustos e intolerantes que gobiernan en “estados amigos”, cuando los intereses políticos y económicos son más valorados que las vidas humanas que se pierden por las violaciones a los principios fundamentales del derecho, cometidos por los representantes de un estado represor, con quienes Argentina realiza negocios millonarios sin tener en cuenta que las víctimas padecen: el mismo dolor y las mismas lágrimas.
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