La cárcel de Villavicencio, en el centro de Colombia, se convirtió en uno de los principales focos en el país, del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus con cerca de 100 contagiados y tres muertos, situación que la tiene al borde de una catástrofe sanitaria.
En ese establecimiento fueron detectados hace dos semanas los primeros casos del virus del PCCh y desde entonces la cifra de contagiados no para de crecer entre reclusos y guardianes e incluso hasta un cocinero de la prisión dio positivo.
Las pésimas condiciones sanitarias y el hacinamiento de las cárceles colombianas, que en el caso de la de Villavicencio es del 97,6 %, con 1.776 presos en un espacio que solo puede albergar a 899, han favorecido la proliferación de los contagios y alarmado a las autoridades de la ciudad, capital del departamento del Meta.
«Hoy hicimos un consejo de seguridad en el que solicitamos desde el equipo de epidemiólogos del municipio alrededor de 2.000 pruebas adicionales al Gobierno nacional, eso es importante para validar la situación real de contagio que tiene la cárcel de la ciudad», manifestó el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman.
Espiral de contagios
El primer caso fue el de un hombre de 63 años que murió de COVID-19 el pasado 7 de abril, seis días después de salir de la prisión, lo que obligó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a activar el protocolo de emergencia en salud.
Sin embargo, a los pocos días aparecieron otros dos casos y así la cifra fue aumentando ante la pasividad de las autoridades, hasta el punto de que la semana pasada fueron 15 los contagiados, ayer 40 y hoy otros trece, para un total de 91 confirmados y tres fallecidos.
Esa cifra representa dos terceras partes de los 136 casos de COVID-19 que hay en todo el departamento del Meta y la sola cárcel supera los contagios en regiones enteras del país, como el Huila (81), Nariño (62), Norte de Santander (60) y Quindío (55), entre otras.
La secretaria de Salud de Villavicencio, Tanya Cortés, dijo a periodistas que de los 91 contagiados, 58 son presos, incluidos los tres que fallecieron, y 31 casos corresponden guardianes y personal de administración, más el jefe de cocina y una enfermera.
Pánico en el vecindario
La pandemia en la cárcel sembró el pánico entre los habitantes de los barrios que la circundan: 20 de Julio, La Vainilla y Antonio Ricaurte, pues los vecinos temen que así como el COVID-19 traspasó los muros y se metió en la prisión, salga y se riegue por las calles.
Por esa razón, la Alcaldía, junto con al Gobernación del Meta y el INPEC dispusieron «un plan de aislamiento al personal privado de la libertad y cuerpo de custodia de la cárcel de Villavicencio».
Adicionalmente aumentarán la vigilancia en las calles circundantes, las desinfectarán y llevarán más ayudas a las familias del sector para mantener a la gente en casa porque, a pesar de la cuarentena nacional obligatoria, son muchos los que salen.
«Estamos patrullando alrededor de toda la cárcel con la Policía Nacional y (…) vamos a priorizar al sector en ayudas, pero sí que es importante que también la gente comprenda el nivel de riesgo que tiene y se cuiden, los necesitamos en sus casas», manifestó el alcalde.
Protestas de presos
La voz de alarma sobre el peligro que suponía la llegada del coronavirus a las cárceles del país la dieron los propios presos la noche del pasado 21 de marzo cuando se amotinaron en 13 presidios para exigir mejores condiciones sanitarias y protección contra la pandemia que por entonces apenas empezaba a asomarse e Colombia.
La protesta terminó con 23 reclusos muertos y 83 heridos en la penitenciaría bogotana de La Modelo, en la peor matanza de su tipo que recuerde el país.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, afirmó entonces que las revueltas no tenían nada que ver con las condiciones sanitarias y que lo que hubo fue «un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario de La Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país».
Excarcelaciones pendientes
Sin embargo, otras autoridades y organismos defensores de derechos humanos han denunciado desde hace tiempo las malas condiciones de las cárceles colombianas y ahora piden al Gobierno que agilice la excarcelación de aquellos presos que tienen problemas de salud, que son de avanzada edad o que han cumplidos dos tercios de su pena.
El senador Iván Cepeda y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) solicitaron esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que permitan que el Estado colombiano tome medidas para proteger la vida de más de 20,000 reclusos.
Según el senador, el decreto que regula las excarcelaciones y permite la detención domiciliaria «es insuficiente» porque no se logra bajar el hacinamiento en las prisiones.
En Colombia había hasta el mes pasado 119,368 presos en cárceles con capacidad para 80.763, lo que supone una tasa de hacinamiento del 50 %, una población vulnerable a una pandemia que hasta hoy deja 4.561 contagiados en el país y 215 muertos.
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