Existe la amenaza de deportación masiva de inmigrantes indocumentados en EE. UU., según el candidato presidencial Donald Trump, o en virtud del reciente fallo contra los programas de inmigración del presidente Obama.
Ante la pregunta de si es posible deportar a 11 millones de latinos en EE. UU., Doris M. Meissner, directora e investigadora del departamento de políticas de inmigración del instituto de políticas migratorias de EE. UU., y ex comisionada del servicio de inmigración y naturalización, respondió: “es imposible”.
Meissner formó parte de un grupo de expertos que se reunió para discutir sobre el futuro de la política de inmigración de Estados Unidos, el pasado 28 de octubre, en la sede de la ONG Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en ingles).
“Aquellas personas que están aquí sin un estatus legal, más del 60 por ciento de ellos han estado en el país por más de 10 años. Otro porcentaje de ellos han estado aquí por más de cinco años. Ellos están profundamente conectadas con el empleo y los mercados laborales. En su mayoría vivían o viven en lo que está considerado como familias de estatus mixto, lo que significa que dentro de estos hogares hay algunas personas que son indocumentadas, algunas personas que pueden ser residentes permanentes, y algunas personas que pueden ser ciudadanos estadounidenses. Y muchos, muchos tienen, aun sin tener estatus legal, hijos nacidos ciudadanos”, dijo Meissner.
En el mismo sentido el “Center for American Progress” (CAP, por sus siglas en inglés) consideró que la deportación de millones de indocumentados en EE. UU. es “costosa” y “destructiva”.
En base a una encuesta de Gallup realizada en agosto, el CAP dijo que los resultados reafirman que “la gran mayoría de los estadounidenses quiere soluciones sensibles hacia la política inmigratoria, con un 65 por ciento de estadounidenses creyendo que los inmigrantes indocumentados deberían recibir estatus legal y un camino a la ciudadanía”, según publicó el sitio oficial de este centro en septiembre.
Una minoría pequeña – tan solo 19 por ciento – cree que los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados de Estados Unidos.
Según análisis previos del Center for American Progress, la deportación masiva costaría un promedio de $10.070 por persona, un total de $114 mil millones costaría deportar a 11,3 millones de personas.
Las cifras incluyen los altos costos requeridos para encontrar a cada uno de los individuos indocumentados.
Según el CAP dos tercios de los indocumentados han estado en el país por más de una década, están bien establecidos en nuestras familias, comunidades, y escuelas.
“Encontrar a cada persona sin estatus legal sería una pesadilla logística, que causará daño social y emocional a comunidades enteras. El estimado de CAP de $114 mil millones también incluye el costo de detener a estos individuales mientras esperan su deportación, proceso en las cortes de inmigración, y transportación al extranjero”, señaló la entidad.
Por otra parte, además de estos $114 mil millones de dólares por el costo directo de deportarlos físicamente, existe además el costo a la economía norteamericana, que ascendería según el estimado de la organización conservadora American Action Forum, (AAF, por sus siglas en inglés), a entre $420 mil millones y $620 mil millones tomando en cuenta que tomaría 20 años llevar a cabo un programa de la deportación masiva, añadió el CAP en su informe.
Es un “costo prohibitivo” y es moralmente insostenible, aseguró el CAP.
Viéndolo desde el punto de vista de que estos millones de indocumentados son parte de la fuerza laboral del país, el Center for American Progress afirmó que extraer a tantos individuos del país – y de la fuerza laboral – devastaría a la nación.
Según calcula el Bipartisan Policy Center, deportar a todos los inmigrantes indocumentados reduciría la fuerza laboral en un 6,4 por ciento en el transcurso de dos décadas, lo que a su vez, según el AAF, reduciría el producto interno bruto, por un $1,6 billones dólares.
Sin embargo, el CAP aseguró que poner a los inmigrantes indocumentados en un camino a la ciudadanía, lo cual es apoyado por dos tercios de estadounidenses, añadiría $1.2 trillones al producto interno bruto, acumulativamente a lo largo de una década, también aumentaría las ganancias de todos los estadounidenses en unos $625 mil millones, y crearía un promedio de 145.000 puestos de trabajo nuevos cada año.
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