A 19 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México a manos de policías vinculados con el crimen organizado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye su trabajo de apoyo a la investigación sin saber el destino de los jóvenes, sin confirmar cuál fue el móvil del crimen, ni quienes fueron sus máximos responsables, según informó Associated Press.
Su último informe sí deja, sin embargo, algunas claves importantes:
1. Críticas y problemas con la versión oficial: Al menos 17 detenidos habrían sido torturados, según análisis de reportes médicos hechos por las propias autoridades mexicanas. Entre ellos están los cinco presuntos sicarios que confesaron ser los autores materiales de asesinar y quemar a los 43 en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, para después arrojar sus cenizas al río, como indica la versión oficial.
Esto podría desacreditar esa parte de la investigación porque, según los estándares internacionales, toda confesión obtenida bajo tortura es nula. El propio gobierno de México, esta misma semana, en boca del subprocurador de Derechos Humanos, Roberto Campa, dijo que una investigación basada en la tortura «carece de valor jurídico» y «no garantiza llegar a la verdad».
Para los expertos no hay evidencias científicas de la versión del basurero salvo los testimonios de los torturados, ven «claro» que hubo un «rechazo latente a versiones distintas» y creen «que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario» sin investigar otras hipótesis.
Nuevos elementos vuelven a cuestionar la llamada «verdad histórica» ofrecida por el ex procurador general, Jesús Murillo Karam: un mensaje de celular de un estudiante enviado una hora después de cuando habrían sido asesinados, o las distintas versiones sobre cuándo se encontraron los restos en el río, donde estaba el único hueso que ha sido identificado al cien por cien y que corresponde al estudiante Alexander Mora. Además, hay indicios de que al menos parte de los jóvenes pudieron ser llevados en dirección contraria al basurero.
2. Ataque más coordinado y de mayor envergadura: Si en el primer informe los expertos ya hablaban de un ataque coordinado y al menos en nueve puntos, el nuevo reporte constata que la planificación fue todavía mayor: se extendió por 80 kilómetros, incluida la localidad de Huitzuco, cuya policía también participó en los hechos.
Este área se llenó de retenes, tanto de policías como de miembros del crimen organizado, lo que «muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses», según los expertos.
A su juicio, una mayor coordinación implica un nivel de comando mayor. Los dos detenidos de mayor rango hasta ahora son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo.
3. Más dudas sobre el papel del Ejército y la PF: Hay numeras constancias de que la Policía Federal y el ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala pero este nuevo informe constata que fueron federales los que, además de estar presentes en varias escenas del crimen, se encargaron de organizar los retenes y desvíos carreteros a la altura del Palacio de Justicia para evitar el lugar donde estaban siendo detenidos un grupo de estudiantes pero esto solo aparece en declaraciones de testigos, los agentes no lo mencionan en las suyas.
Además, según los expertos, un federal mantuvo comunicación constante con Felipe Flores Velázquez, el jefe de la policía de Iguala, todavía prófugo, desde diferentes escenarios de los ataques y en momentos distintos
Ni la Policía Federal ni los militares hacen referencia en sus declaraciones a un quinto autobús que los expertos pidieron desde el año pasado investigar. Sin embargo, se encontró policías federales lo custodiaron hasta la salida de la ciudad de Iguala. Este bus -que se sugirió pudo haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y tomado por error por los estudiantes- no fue investigado y los expertos dicen que no pudieron verlo porque las autoridades les presentaron otro en su lugar.
En el caso de los militares, los expertos denuncian que hubo variaciones en sus declaraciones, algunas posteriores a su primer informe y que parecen ajustarse a las evidencias que ellos mostraron. También advierten de que no se investigaron declaraciones inquietantes como la de un marino que acusa a un miembro del 27 batallón de ser traficante de armas para el cártel Guerreros Unidos; la existencia de un camión militar que patrullaba por donde escaparon algunos normalistas y del que no se tiene noticia o por qué el ejército pidió al hospital las grabaciones de sus cámaras.
4. Obstrucción a la investigación: Los expertos denuncian la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos. También constatan la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias -algunas como grabaciones de video, han desaparecido-, errores que han podido contaminar todo el caso. Ya denunciaron, además, que hay grabaciones que han desaparecido.
Hablan de dilación y demoras por parte de la fiscalía para darles información hasta una semana antes de presentar su informe y de la falta de investigación sobre la hipótesis de que el tráfico de heroína en autobuses de Iguala a México pudo estar en la raíz de todo el ataque.
Los expertos insisten en que no hay pruebas que indiquen que entre los alumnos hubiera narcotraficantes infiltrados, como la investigación oficial sugirió en un primer momento a partir de testimonios, y que está comprobado que todas las fuerzas de seguridad sabían que se trataba de estudiantes.
«Existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad», indica el documento, aunque no especifica.
5. Revictimización y maltrato a las víctimas: El informe evidencia que los supervivientes fueron tratados mal por la policía federal y el ejército que no les resguardó ni quiso colaborar en el traslado de heridos graves.
En total hubo 180 víctimas, incluidos los seis asesinados, y 700 familiares directos afectados a los que no se dio un apoyo correcto.
Hubo familias que fueron re victimizadas, como la de Julio César Mondragón, un estudiante asesinado, torturado brutalmente y desollado. Para conseguir su ADN y cerrar la segunda autopsia una vez exhumado el cadáver hubo que hacer 44 reuniones y 22 procesos legales en siete localidades durante tres meses con un costo de más de 177 mil pesos para la familia, denuncian los expertos.
PGR responde
La indagatoria para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, sigue abierta y se atienden todas y cada una de las líneas de investigación, aseveró el subprocurador de la PGR, Eber Betanzos.
En conferencia de prensa, reiteró el compromiso permanente de la Procuraduría General de la República (PGR) con las familias y víctimas para esclarecer los hechos y expresó el interés por seguir trabajando con los padres de los jóvenes desaparecidos.
Resaltó que estos repudiables hechos «nos indignan como mexicanos y no vamos a permitir que queden impunes», por lo que la PGR seguirá hasta que todas las personas responsables sean presentadas ante las autoridades judiciales.
El subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR sostuvo que se brindará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información necesaria para su seguimiento.
Sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Betanzos expresó que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas.
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