Casi cuatro años de difícil negociación en Cuba llegaron a feliz término: Colombia cuenta con un acuerdo de paz para terminar con medio siglo de enfrentamiento con la guerrilla más antigua del continente.
Después de tres procesos fallidos de diálogo (1984, 1991, 1999), se cerraron las negociaciones para superar un conflicto que deja cientos de miles de desplazados, muertos y desaparecidos. Se abren ahora varios interrogantes:
No. El anuncio de este miércoles supone el cierre exitoso de las negociaciones que empezaron en 2012 en La Habana, pero falta que el texto del acuerdo sea sometido a plebiscito el 2 de octubre. Los colombianos tendrán la última palabra: si triunfa el «Sí», el acuerdo se implementará, pero si se impone el «No», el gobierno de Juan Manuel Santos no podrá llevar a la práctica los compromisos pactados, aunque en teoría podrá intentar una nueva negociación con los rebeldes.
Es incierto el camino que tomarían las FARC frente a este último escenario. «Ahora se abre una etapa de gran incertidumbre política acerca del resultado de la refrendación del acuerdo», señaló a la AFP Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Solo tras la victoria del plebiscito, se iniciará en firme el desarme del grupo rebelde.
Sí, al menos como grupo armado. El acuerdo busca que esa organización desista de conquistar el poder por las armas (una lucha de 52 años en la que desafió a 12 presidentes), y se convierta en una partido político que dispute elecciones.
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«El objetivo del gobierno es que las FARC desaparezcan como organización armada, y eso se verá 180 días después de la firma, y el objetivo de las FARC es participar en política», señala Ariel Ávila, analista del conflicto del Observatorio Paz y Reconciliación.
Es decir, que por un lado los rebeldes deponen las armas – por lo tanto no podrán seguir llamándose FARC – y por el otro, el gobierno les dará garantías legales y de seguridad para que aspiren a cargos de elección popular, sin que vayan a ser asesinados por sus ideas de izquierda, como en el pasado.
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No. Si bien las FARC son la mayor guerrilla de Colombia, con unos 7.000 combatientes según las autoridades – aunque la cifra exacta se conocerá después refrendado el acuerdo -, quedan activos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización de ultraizquierda menos poderosa y que todavía no inicia diálogos de paz, y bandas armadas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal principalmente, que son perseguidas por el Estado.
«Esta economía de guerra va seguir más allá de las FARC. El problema es que muchos de esos grupos aspirarán a retomar territorios donde están esos mercados» ilegales, comenta Ávila. Unos 10.000 combatientes de grupos clandestinos diferentes de las FARC, seguirán actuando, según sus cálculos.
Quedará igualmente el narcotráfico, que no «nació ni va a acabar con las FARC», pero que gracias al acuerdo de paz podrá ser combatido con mayor eficacia, ya que la guerrilla es «el principal obstáculo en la política antinarcóticos por las condiciones de inseguridad que crea», comentó Restrepo.
Uno de los seis acuerdos que componen el pacto de paz con las FARC prevé amnistía para los combatientes que no estén implicados en delitos graves, que en principio deberían ser la mayoría de guerrilleros rasos.
Sin embargo, los responsables de delitos atroces como masacres, desplazamiento, ataques sexuales, reclutamientos de menores serán sometidos a tribunales especiales.
Si confiesan sus crímenes y ayudan a reparar a las víctimas, evitarán la cárcel y recibirán penas alternativas, de lo contrario, en caso de ser hallados culpables, pagarán penas de ocho a 20 años de prisión.
Los opositores del acuerdo con las FARC alegan que es «un trato injusto porque no castiga de manera suficiente a las FARC ni le da respuesta a las víctimas en la restitución de sus derechos», explica Restrepo.
Para Daniel Pécaut, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Ehess, con sede en Francia), parte de la opinión pública en Colombia desconfía de la «conversión política» de las FARC porque asume que nunca han reconocido toda «su responsabilidad en los crímenes cometidos».
El conflicto colombiano deja unos 260.000 muertos, siete millones de desplazados y 45.000 desaparecidos.
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