Actualmente los casos legales referentes a fraude matrimonial por parte de inmigrantes, ocupan un porcentaje alto en el índice de delitos inmigratorios, porque si bien es cierto que se suscitan con la finalidad de obtener la residencia legal permanente (Tarjeta verde o Green Card), también es la manera más frecuente debido a la facilidad y rapidez con la que se otorga.
Como fue el caso del arresto de una cubana residente en Florida, Yosandra Piedra Vázquez, quien fue acusada de fraude migratorio por casarse con diez hombres en diez años entre 2002 y 2012 para facilitar la residencia legal permanente a cambio de dinero, según documentos judiciales.
La acusación también involucra a Yoel de Moya Lozada como el conspirador que trabajó de enlace para celebrar los matrimonios.
El objetivo del fraude era que “los extranjeros no cubanos obtuvieran fraudulentamente los beneficios migratorios” que otorga la Ley de Ajuste Cubano.
Esta ley prevé un procedimiento especial que regula la situación migratoria de los exiliados cubanos, otorgando a un extranjero que contrae nupcias con un cubano obtener la residencia permanente de una manera más expedita que si se casara con un estadounidense.
La ley de inmigración de Estados Unidos aprueba que tanto los ciudadanos estadounidenses como los residentes permanentes legales, puedan (en algunos casos) mediar el estatus de su cónyuge; por lo que las autoridades de inmigración, a través de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) realizan diversos procedimientos para detectar los casos fraudulentos en los que el matrimonio es por conveniencia.
La USCIS dijo a Univisión Noticias que se toma “muy en serio” el trabajo de hacer cumplir las leyes de inmigración, y advirtió que “todas las peticiones basadas en matrimonio, solicitudes de ajuste de estatus y de naturalización se someten a exhaustivos controles de antecedentes y de seguridad”.
En cuanto a las consecuencias legales, la agencia dijo que puede haber sanciones de carácter civil “o consecuencias penales”.
Los acusados Piedra y Montoya enfrentan cargos por ser partícipes en el delito de fraude matrimonial y conspirar para obtener beneficios ilegales de la ley de inmigración y pueden ser condenados a una pena máxima de 5 años de prisión y multa de $250.000, que establece el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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