El Gobierno de México negó hoy una ruptura con el grupo de expertos de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y remarcó que seguirán apoyándolo hasta que culmine su mandato a fines de abril.
«Tenemos un diálogo estrecho con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y seguiremos colaborando con ellos y apoyando las investigaciones. No hablamos nosotros de ningún tipo de ruptura, todo lo contrario», dijo en rueda de prensa la jefa de Oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa.
Señaló que el trabajo de los expertos ha sido «sumamente útil», por lo que el Gobierno será «apoyándolos hasta que termine su mandato, que es hasta fin de este mes».
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, justificó hoy desde Washington la decisión del Gobierno de no renovar el mandato del GIEI, con el argumento de que fue el plazo que el grupo pidió para terminar su trabajo.
«El plazo (de seis meses y que vence el 30 de abril) lo pidieron ellos mismos, y el Estado estuvo de acuerdo, nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones», apuntó.
El grupo comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas, y al vencerse el primer mandato las partes acordaron una segunda etapa de trabajo.
En este último periodo el GIEI ha denunciado la fragmentación del expediente, la filtración de testimonios, algunos incluso falsos, y fallas judiciales, lo que obstaculiza sus labores.
Además, el equipo ha insistido en la necesidad de entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27, ubicado en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, quienes presenciaron los hechos, algo a lo que se ha negado el Gobierno.
El GIEI anunció el miércoles la ruptura de la colaboración con la fiscalía en torno al nuevo peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula, según el cual al menos 17 cuerpos fueron incinerados allí el 26 de septiembre de 2014, tras criticar las divulgación de resultados «preliminares» sin aviso previo a los padres de las víctimas.
Dicho estudio respalda parcialmente la versión oficial de que los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero después de haber sido asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, la cual es rechazada por el GIEI, peritos argentinos y los familiares de los jóvenes.
En la rueda de prensa de hoy, el portavoz de la Presidencia, Eduardo Sánchez, también negó la ruptura y puso como ejemplo la reunión que sostuvo el miércoles Ángela Buitrago, integrante del GIEI, con la fiscal mexicana, Arely Gómez.
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