La organización de Derechos Humanos Human Rights Watch criticó el martes un acuerdo firmado hace una semana por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC dentro de su negociación de paz, por considerar que la flexibilización de sanciones que establece es una fuente de impunidad.
El acuerdo dispone que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los miembros de las Fuerzas Militares que acepten sus responsabilidades en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad podrán recibir una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, pero no cárcel.
Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), existen ambigüedades en el contenido del pacto que permitirán que los responsables de ambas partes puedan eludir cualquier tipo de castigo genuino.
«Se está gestando una piñata de impunidad», dijo Vivanco en declaraciones a periodistas en Washington y transmitidas por medios locales colombianos.
Vivanco explicó que, según el derecho penal internacional, los acusados de crímenes de lesa humanidad y de guerra deben cumplir penas privativas de la libertad, lo que no queda claro en el pacto firmado en La Habana.
«Es un pacto entre el Gobierno y las FARC, que terminan sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano», agregó.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confía en concluir la negociación de paz con las FARC el 23 de marzo de 2016 y poner fin al violento conflicto de cinco décadas con el grupo rebelde que ha dejado alrededor de 220.000 muertos.
El grupo rebelde y el Gobierno llevan negociando desde noviembre de 2012 en La Habana y han logrado más avances que cualquier anterior diálogo de paz.
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