El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó este martes en México distintas pruebas recabadas en el basurero de Cocula que descartan que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran asesinados y quemados en ese lugar, como asegura el gobierno, sumándose así a la denuncia de la CIDH.
A través de un trabajo multidisciplinario de un año, en el que participaron 26 peritos tanto en el campo como en laboratorio, el EAAF concluyó que «no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes».
«No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial» de presuntos narcotraficantes detenidos que, según la fiscalía, confesaron haber asesinado y quemado ahí a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, dijo el EAAF, que colabora en el caso a petición de las familias.
Esta es la segunda vez que un grupo independiente rechaza la versión oficial de los hechos después de que un peritaje del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera en septiembre que no había pruebas científicas de que un fuego de esa magnitud ocurriera en el basurero.
Los alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa fueron atacados en septiembre de 2014 por policías de Iguala (Guerrero) mientras se apoderaban de buses para una manifestación y posteriormente fueron entregados a un grupo del crimen organizado que, según la versión oficial, los habría asesinado, incinerado y lanzado sus restos en bolsas en un río cercano al basurero.
En el basurero hay pruebas de «múltiples eventos de fuego» desde al menos 2010, dijo uno de los miembros del EAAF, Miguel Nieva.
Nieva mostró fotos de evidencias y exámenes de plantas que prueban que «no hay ninguna señal de fuego reciente en la vegetación» colindante al lugar donde se encontraron miles de fragmentos de restos humanos y de animales en un alto estado de carbonización.
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Al analizar los huesos, los peritos establecieron que había restos de al menos 19 personas «que claramente no pertenecen a los estudiantes normalistas» y hallaron también 138 elementos balísticos que creen que corresponden a al menos 39 armas de fuego distintas, todas cortas.
Los restos de Alexander Mora
El grupo de forenses argentinos también reiteró sus suspicacias sobre el hallazgo de una de las bolsas con restos en el río.
Fragmentos calcinados de esa bolsa fueron enviados a un prestigioso instituto forense de Austria, donde se confirmó que unos huesos correspondían al estudiante Alexander Mora.
Aunque los forenses argentinos ratifican esa identificación, este martes recordaron que ellos no estuvieron presentes en el momento del descubrimiento, por lo que no pueden saber de donde salieron los restos y denunciaron que no hubo cadena de custodia en la entrega de esa bolsa a los peritos de la fiscalía.
La muestra que permitió la identificación de Mora «es inusual en su tamaño (…) respecto a los otros fragmentos que se encuentran dentro de esta misma bolsa de donde supuestamente salió el fragmento y prácticamente no presenta alteración térmica, presenta de manera mínima exposición al fuego», dijo Mercedes Doretti, perito del EAAF.
En septiembre pasado, la fiscalía mexicana envió nuevas pruebas al laboratorio de Innsbruck, de los que aún se esperan resultados.
La fiscalía mexicana recordó este martes que el gobierno se comprometió a realizar un nuevo peritaje con expertos internacionales y los de la CIDH y que, de sus resultados, se sacará «una opinión conclusiva».
«Este caso no está cerrado. Las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial», dijo la fiscalía en un comunicado.
Pero ante las conclusiones de los informes del EAAF y la CIDH «resulta totalmente innecesario realizar un tercer peritaje en el basurero. Se deben concentrar todos los esfuerzos para avanzar en nuevas líneas de investigación», pidió el abogado de las familias, Vidulfo Rosales.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa generó fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto y simbolizó el drama que viven las familias de los más de 26.000 desaparecidos desde que empezó la llamada guerra contra el narco en 2006.
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