La iniciativa de inmigración del presidente Barack Obama para impedir la deportación de millones de latinos recibió anoche una decisión desfavorable de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, en EE. UU..
La orden impide a la administración la implementación de las acciones ejecutivas de noviembre de 2014 que ampliarían aplazamientos de deportación y beneficios laborales para millones de inmigrantes que entraron ilegalmente al país, dijo el proveedor de noticias del Congreso CQ Roll Call.
Estas acciones ejecutivas, aprobadas por el presidente Obama sobre inmigración, crearon los programas conocidos como DACA y DAPA, de acción diferida para inmigrantes que llegaron en la infancia y para los padres de ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos.
“Los más afectados directamente son los cinco millones de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres podrían recibir un alivio temporal, por la deportación”, declaró anoche, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal de Inmigración Nacional, desde la web del Centro.
“El erróneo fallo de hoy de la corte es inconsistente con incluso los principios jurídicos más básicos”, reafirmó desde twitter.
La Oficina del Procurador General de Texas aseguró, por su parte, que el fallo es una victoria importante contra el intento ilegal de la Administración Obama para cambiar unilateralmente la ley nacional de inmigración.
“La Corte del Quinto Circuito de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de distrito de detener el plan ejecutivo de amnistía del presidente, favoreciendo la coalición -liderada por Texas- de los 26 estados. El Tribunal dictaminó que el presidente «no tiene autoridad legal» para tomar su acción unilateral”.
Según explica la sentencia, en noviembre de 2014, el departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés ) expandió el DACA, para hacer que millones de personas más fueran elegibles para el programa, y extendiendo el período por el cual DACA y el permiso de trabajo se conceden.
Añade que el Secretario del DHS también le indicó al Servicio de Ciudadanía en Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) establecer un proceso similar a DACA, conocido como DAPA, que se aplica a los «individuos que … tienen, [al 20 de noviembre, 2014], un hijo o una hija que es ciudadano estadounidense o residente permanente legal» y que cumplen con otros requisitos.
El Secretario declaró que aunque «la acción deferida no confiere ningún tipo de estatus legal en este país, y mucho menos la ciudadanía [,] sí significa […] que, por un determinado período de tiempo, a un individuo se le permite estar presente legalmente en los Estados Unidos”.
De los aproximadamente 11,3 millones de ilegales en Estados Unidos, 4,3 millones serían elegibles para que permanezcan legalmente en virtud de la DAPA, menciona el fallo.
Para leer el texto en inglés del fallo, acceda aquí
Dawn Le, director adjunto de la campaña de la Alianza para la Ciudadanía instó a que el departamento de estado actúe ante el Tribunal Supremo:
«La decisión del Quinto Circuito no es ninguna sorpresa. Esta decisión impulsada políticamente no resuelve nada y sigue dejando a millones de familias en el limbo. A pesar de este retraso, las familias inmigrantes nunca se rindieron y, finalmente, pueden ver un camino hacia adelante. Esperamos que el Departamento de Justicia actué con rapidez y que el Tribunal Supremo pueda escuchar este caso durante su mandato y ayudar a los padres inmigrantes trabajadores a obtener justicia y garantizar que sus familias no se separen por la deportación”, señaló Dawn Le.
El director adjunto agregó que «es hora de que el Tribunal Supremo haga a un lado las políticas que motivaron este caso contra los inmigrantes y las contaminadas resoluciones de los tribunales de primera instancia, y que hagan justicia de una vez por todas a millones de familias que contribuyen a Estados Unidos todos los días».
Sobre la base de los principios de la separación de poderes consagrado en la Constitución, Ken Paxton, procurador general de Texas, enfatizó que con este fallo la Corte afirmó que «la separación de poderes sigue siendo la ley acá en la tierra, y el presidente debe seguir el estado de derecho, como todos los demás».
Una vez más, el Tribunal afirma que la medida cautelar sobre DAPA está basada únicamente en el supuesto «daño» a Texas. «¿Qué hay de los daños a nuestras familias?», tuiteó ayer el Centro Legal de Inmigración Nacional.
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