Hasta 12 años de prisión podrá recibir en Italia cualquier persona que promueva el tráfico de órganos, a partir de una nueva ley -esperada desde hace mucho tiempo- que fue aprobada por unanimidad el 23 noviembre de 2016 por Comisión de Justicia de la Sede Legislativa del país europeo.
La nueva ley incluye la prisión de 3 a 12 años y una multa de 50.000 a 300.000 euros para cualquier persona que en Italia, venda, compre o procure ilegalmente órganos. Si el delito es cometido por un profesional de la salud, este sufrirá la inhabilitación del ejercicio de su profesión.
También es punible con una pena de 3 a 7 años y una multa similar a la anterior, a quienes organicen o promocionen viajes destinados al tráfico de órganos.
El primer firmante del proyecto de ley- que fue aprobado en el Senado en marzo de 2015- fue el senador Maurizio Romani (IDV), que se puso en marcha después de escuchar los discursos de David Matas, abogado canadiense nominado para el Premio Nobel de la Paz en 2010. Matas, junto con otros investigadores independientes han estudiado el fenómeno de la sustracción forzada de órganos de los prisioneros de conciencia en China, la mayoría de los cuales son practicantes de Falun Dafa.
Estos detenidos, que se encuentran en tal condición en el país asiático meramente por sus creencias religiosas o espirituales, no cuentan con ningún tipo de protección en campos de trabajo forzado y en diversos centros de detención. Lo peor es que se ha comprobado que son sometidos a análisis de sangre y de tejidos- de forma permanente y sistemática- para conocer sus datos genéticos con el fin de sustraerles los órganos para ser vendidos a »turistas de trasplantes» extranjeros.
La atrocidad de estos hechos, que ya se encuentran documentados por numerosos estudios de expertos, que incluyen confesiones de médicos, policías y otros arrepentidos que han participado en estos delitos de lesa humanidad, dio vida a las asociaciones internacionales Médicos Contra la Sustracción Forzada de Órganos y Parlamentarios Contra la Sustracción Forzada de Órganos (en inglés, Doctors/Parliamentarians against forced organ harvesting).
La ley italiana se une entonces, a los esfuerzos realizados por otros países como España, Taiwán e Israel. Al momento en que en China se siguen sustrayendo los órganos de prisioneros de conciencia -como los practicantes de Falun Dafa, los cristianos independientes y los tibetanos- otros estados pueden al menos estar seguros de castigar en su propio territorio a cualquier persona que sea cómplice de esta atrocidad.
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«En Italia no tenemos el poder para poner fin a estos abusos pero sí tenemos el deber de hacer todo lo posible para no ser cómplices» había expresado Romani en el Senado en marzo de 2015.
De hecho, el fenómeno del tráfico de órganos afecta a muchos países- aunque por lo general entra en el ámbito de la delincuencia y el mercado negro- mientras que en China se lleva a cabo no solo en hospitales militares, sino también en hospitales civiles, gestionado por el mismo Estado chino con la complicidad de los líderes de los campos de concentración y las autoridades judiciales.
Esta nueva forma de «canibalismo», como lo definió el senador Romani, sucede especialmente en el contexto de la persecución en masa contra los practicantes de la disciplina de la Escuela Buda llamada Falun Dafa. Se trata de decenas de millones de chinos considerados ‘culpables’ por practicar ejercicios suaves, meditación y seguir una creencia no violenta y apolítica, basada en los principios de «Verdad-Benevolencia-Tolerancia».
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Los practicantes de Falun Dafa son torturados regularmente en los campos de trabajo forzado y los líderes de aquellos campos reciben premios cuando los logran «transformar» o consiguen que renuncien a su credo mediante las torturas físicas y psicológicas.
Este comportamiento de las autoridades chinas se explica por el hecho de que el régimen de Beijing ve siempre con malos ojos a los movimientos que no están bajo su control directo, sobre todo si son muy populares.
Mientras los practicantes de Falun Dafa resisten pacíficamente desde 1999 en China, sus compañeros en el exterior tratan de concientizar a la población del resto del mundo, en las calles, o frente a las embajadas sobre este crimen que involucra a la humanidad en su conjunto. La sustracción forzada de órganos es de por sí sola la más atroz de las muchas violaciones a los derechos humanos que se cometen en China.
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Frente a la exposición de los hechos a través de diversas investigaciones y estudios de organismos y especialistas y ante la presión internacional -como las resoluciones emitidas en 2016 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Parlamento Europeo-, si bien el actual mandatario chino, Xi Jinping ha dado algunas señales para terminar con esta situación– ciertamente estas por sí solas no alcanzan para terminar con este «genocidio en cámara lenta«.
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