En declaraciones a La Gran Época realizadas el lunes 8 de marzo, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral afirmó no haber recibido presiones del gobierno nacional ni de la embajada de la R.P. China en torno a su revocación de la orden de captura a dos altos jerarcas comunistas chinos en la causa por genocidio y torturas a practicantes de Falun Gong en China.
La orden de captura había sido firmada por el juez anterior Aráoz de Lamadrid en un fallo argumentado en 144 páginas, tras cuatro años de investigación. El mismo juez aceptó la causa a fines de 2005 cuando uno de los acusados, Luo Gan, estaba en Argentina.
En diciembre del año pasado, Aráoz de Lamadrid renunció a su cargo.
En enero de este año, a las pocas horas de asumir una breve suplencia durante la feria judicial, el juez interino Canicoba Corral pidió el expediente y revocó la citación a indagatoria del ex líder del régimen chino Jiang Zemin y su mano derecha en la persecución a Falun Gong, el recién mencionado Luo Gan.
La resolución de Canicoba apareció pocas semanas antes de un viaje a China que iba a encabezar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. También fue poco después de que una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la R.P. China reclamara públicamente al Gobierno Argentino que “trate correctamente el fallo”, haciendo alusión a las relaciones bilaterales.
El Dr. Canicoba Corral dijo que revocó la citación a indagatoria porque la consideró “prematura”, sin dar mayores explicaciones.
Para la querellante Liwei fu, actualmente el régimen chino “se entromete en la justicia y la división de poderes de Argentina para cerrar una causa judicial que no le gusta”.
Ante la pregunta de si hubo presiones de la embajada china o el gobierno argentino, el juez Canicoba Corral respondió, “yo no vi nada de eso”.
No obstante, los querellantes confirmaron a La Gran Época que en el expediente figura una carta de la embajada de la R.P. China -aunque sin firma- dirigida a las máximas autoridades de la Cancillería, la Presidencia y el Poder Judicial reclamando el cierre de la causa. También figura un pedido similar remitido por personal de Cancillería y un pedido de fotocopia de la revocación firmada por Canicoba enviado por la Cancillería poco después de dicho fallo.
El Juzgado Federal Nº 9 se encuentra vacante desde 2005 y, desde la renuncia del subrogante Aráoz de Lamadrid, es suplido por breves interinatos de los demás jueces del tribunal federal de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo el Juez Sergio Torres.
Por su parte, el abogado de la querella declaró que espera que “quien en definitiva quede a cargo del Juzgado se mantenga imparcial y ajeno a consideraciones de conveniencia política inmediata, y medite que el Juez Aráoz de Lamadrid abrió el camino de la jurisdicción universal, no por un capricho o una pretensión de dictar un fallo novedoso, sino que lo hizo en base a la contundencia y solidez de las pruebas aportadas que acreditan que existe una persecución sangrienta desde un aparato represivo estatal y precisamente para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas en tiempo real, mientras el genocidio se está cometiendo”.
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