Una intensa campaña para revertir la orden de un juez que solicitó información personal de al menos 50.000 inmigrantes indocumentados amparados por el programa DACA dio sus frutos.
El magistrado Andrew Hanen decidió postergar la fecha límite para revelar la información, como nombres y direcciones de jóvenes soñadores hasta el 22 de agosto de 2016.
El juez Hanen es uno de los magistrados que tiene a su cargo la evaluación de la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Las órdenes ejecutivas estipulan la extensión del programa que ampara a jóvenes soñadores conocido como DACA y el programa para proteger de la deportación a padres de ciudadanos y residentes estadounidenses denominado DAPA.
La decisión del juez se produce luego que se presentaran peticiones ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La organización United We Dream envió más de 2.000 peticiones firmadas al Departamento de Justicia para que intervenga en la decisión del juez Hanen, quien ha sido considerada como una “intromisión” a la privacidad.
Tanto activistas como el Departamento de Justicia consideran que es innecesaria la orden del juez Hanen y que pondría en riesgo a decenas de terceras partes; jóvenes y familias completas con la revelación de información requerida por el juez.
Según los defensores de los inmigrantes esta es solo una manera de “intimidar” a los inmigrantes indocumentados.
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