Una ley propuesta por el líder Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para «proteger» a Nicaragua del «injerencismo», ha desatado polémica, ya que de ser aprobada controlaría la ocupación, ingresos y aspiraciones políticas de cada nicaragüense que reciba recursos del exterior, según analistas consultados por Efe.
La iniciativa denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros busca normar «a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua».
Su marco de acción es tan amplio que, según el experto constitucional José Pallais, «se puede aplicar a cualquier persona», en un país que atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, y que en 2021 tiene previstas elecciones generales.
«Es tan amplia, que aplicarla al pie de la letra sería inmanejable. Lo que van a hacer los sandinistas es manejarla con discrecionalidad, afectar al que sepan que es opositor, usarla como forma de control y una nueva forma de represión», señaló Pallais.
De acuerdo con la propuesta, toda persona que perciba ingresos u objetos de valor en Nicaragua será considerada «agente extranjero», independientemente de su nacionalidad, siempre que no se trate de remesas familiares, pensiones, o inversiones económicas, y deberá registrarse como tal «so pena de sanciones».
Además, los «agentes extranjeros» deberán presentar un informe periódico detallado de sus ingresos y gastos, y «no podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza».
«Totalitarismo»
Pallais, un opositor que ubica a Nicaragua en el mismo nivel de «totalitarismo» de Corea del Norte, Cuba, Rusia o Venezuela, afirma que la ley «viola la Constitución nicaragüense, porque no toma en cuenta la presunción de inocencia, infringe la prohibición de confiscaciones, inhibe al ciudadano de ser candidato a un cargo público, afecta el derecho al trabajo e infringe la libertad de prensa».
Para el exsecretario del Ministerio de Defensa y actual líder opositor Félix Maradiaga, la propuesta es un intento del líder Daniel Ortega por abarcar «otro sector que no ha podido controlar, como es la abrumadora solidaridad de microdonaciones» a la disidencia.
A su juicio, esa ley «ataca» a «trabajadores por cuenta propia, periodistas que reciben apoyo del exterior, a grupos humanitarios que tratan de aliviar el hambre con donaciones anónimas, que prohíbe».
Maradiaga sostuvo que el proyecto «es un ataque a las libertades de manera general, un zarpazo que atraviesa de costa a costa todas las fibras cívicas de Nicaragua (porque) quieren colocar una etiqueta a cualquier iglesia, misionero, periodista, opositor».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sigue de cerca el caso de Nicaragua, coincidió en que la propuesta «permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar en los asuntos públicos».
«Secuestro a la institucionalidad»
La nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) advirtió que los temas abandonados por el régimen son los que reciben el apoyo extranjero y ahora serían regulados.
Para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la defensa de las libertades públicas, la propuesta sandinista «representa un secuestro de la institucionalidad democrática, y grandes violaciones de los derechos humanos fundamentales de la sociedad nicaragüense».
El proyecto «pretende criminalizar la actuación y los aportes a la construcción democrática de las organizaciones, asociaciones, personas o jurídicas, medios de comunicación independientes, calificándolos como ‘agentes extranjeros’, y enmarcando la cooperación internacional como injerencista y una amenaza para la seguridad del Estado», advirtió esa ONG.
Con un Parlamento controlado por los sandinistas, las posibilidades de que esa ley no se haga realidad son prácticamente nulas, sin embargo, su aplicación tendrá que ser forzosamente discrecional, o de lo contrario, «el primero» en ser «debidamente certificado como un agente extranjero» es Ortega, según Maradiaga, por sus vínculos «con los soviéticos, Cuba, Irán, Venezuela o Libia».
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