Durante su campaña electoral, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, parecía estar preparándose para deportar -tan pronto como pudiera -a los 11 millones de inmigrantes que se estima viven en Estados Unidos, pero desde que ganó las elecciones, parece haber calmado su postura. Aún más, es posible que ni siquiera pueda cumplir su meta más inmediata de deportar a los 2 millones de inmigrantes ilegales con prontuario criminal.
«Pandilleros, traficantes de droga, tenemos mucha de esa gente», dijo durante la entrevista “60 Minutes” el 13 de noviembre. «Los sacaremos del país o los encarcelaremos». Tal promesa involucra, sin embargo, una cuestión de recursos.
Trump dio a entender en una entrevista con Time el 13 de noviembre, que sería menos duro con los Dreamers, gente que fue ingresada ilegalmente al país cuando eran niños.
«Vamos a negociar algo que deje a la gente contenta y orgullosa», dijo. «Fueron traídos aquí a una corta edad, trabajaron aquí y aquí fueron a la escuela. Algunos han sido buenos estudiantes. Algunos tienen muy buenos trabajos».
Este trato más suave, no parece incluir renunciar a su promesa de campaña de dejar sin efecto las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, que les otorgaba a los Dreamers permisos de trabajo y protección contra la deportación.
Sea quien sea los que decida deportar, Trump deberá enfrentar limitaciones presupuestarias, logísticas y legislativas.
Tribunales y centros de detención
Los tribunales inmigratorios, que deciden en la mayoría de los casos de deportación, están sepultados con más de 526.000 casos (que siguen creciendo), haciendo que la gente deba esperar años por una audiencia en la corte.
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS por sus siglas en inglés) lidia con el resto de las deportaciones, la mayoría a través de «remociones expeditas». Pero este procedimiento requiere poner a los inmigrantes bajo detención y el departamento solo dispone de 34.000 camas.
«Debería haber una infraestructura mayor y más dinero para detener y deportar a la gente», dijo Ingrid Eagly, un profesor de derecho experto en inmigración de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
La cifra de Trump de los 2 millones, incluye a los «delincuentes extranjeros removibles», según expresó el Departamento de Seguridad. Esto incluye inmigrantes ilegales, pero también inmigrantes legales, turistas y estudiantes extranjeros que han cometido crímenes graves como robo, menudeo de droga u otros crímenes mayores. Nadie sabe cuántos de los 2 millones están en el país ilegalmente. El Centro para Estudios de Inmigración dice que la mayoría, mientras que el Instituto de Políticas Migratorias dice que es menos que la mitad.
Sea cual fuere el caso, el Departamento de Seguridad estimó en 2013 que unos 550.000 de estos delincuentes extranjeros salen de prisión cada año. La administración de Obama deportó recientemente unos 65.000 delincuentes extranjeros atrapados dentro del país en el año, una disminución si se compara con los más de 100 mil en 2009.
¿Qué puede hacer Trump?
Obama ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se concentre en las deportaciones en casos de «amenazas a la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad de fronteras». Esto restringió a la agencia a sospechosos de espionaje o terrorismo, y a delincuentes convictos, con el objetivo de deportar «delincuentes, no familias», como lo expresó Obama. Trump podría ampliar el criterio de deportación para concentrarse más en hacer cumplir la ley inmigratoria existente.
Ya que el DHS vigila las prisiones estatales y federales en busca de inmigrantes ilegales, ampliar el criterio para incluir gente con delitos simples, podría acumular rápidamente a mucha gente para deportar. Pero tan solo apurar el proceso no resuelve la congestión en los tribunales y la falta de centros de detención. Trump puede intentar usar excepciones en la ley de inmigración que permiten deportaciones sin audiencias en tribunales de inmigración.
Las remociones expeditas, por ejemplo, en su mayoría se usaron para hacer volver a inmigrantes ilegales cerca de la frontera. Pero la ley le permite al procurador general usarla para todos los inmigrantes ilegales con menos de dos años en el país. De este modo, Trump puede expandir la remoción expedita a cientos de miles más, no obstante, aún necesitaría más espacio en los centros de detención.
Y también existen las remociones judiciales. El procurador general puede pedir a los jueces federales que incluyan una orden de deportación cuando sentencian a inmigrantes ilegales por otros crímenes graves como robos. Esta cláusula se ha usado muy poco según Jessica Vaughan, directora de estudios políticos en Centros de Estudios de Inmigración, un grupo de intelectuales pro (baja) inmigración de Washington.
Las remociones judiciales requieren la cooperación de jueces, que podría ganarse ofreciéndoles entrenamiento en el asunto, afirmó.
También existen remociones estipuladas «que son similares a cómo funcionan los convenios de sentencias» (sentencias en las cuales las partes acuerdan la culpabilidad), dice Vaughan. Los inmigrantes ilegales a menudo pueden rescindir su derecho a una audiencia migratoria y volver a sus países cuando hay posibilidad de ir a la cárcel. Decenas de miles lo usaron para irse de esa forma cada año. Pero la administración de Obama detuvo tal práctica luego que defensores por la inmigración sostuvieron que la amenaza de la detención era coercitiva.
Revertir tal movida liberaría algo de la capacidad de detención para alojar más remociones expeditas y para aligerar las listas en los tribunales, lo cual aceleraría las decisiones de las cortes.
Vaughan dice que de esta forma, Trump podría remover los 2 millones de delincuentes extranjeros durante su mandato. Sin embargo, Eagly no está tan seguro, ya que muchos aún tienen derecho a una audiencia en tribunal.
Trump necesitaría entonces contratar más jueces de inmigración y posiblemente expandir los centros de detención.
Otro camino es que Trump proponga una reforma migratoria que simplifique la complicada red de leyes y la convierta en un sistema más eficiente. Sin embargo, los repetidos fracasos de las administraciones previas podrían hacerlo dudar.
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