La Comisión para el Comercio Internacional del Europarlamento anunció esta semana que está trabajando sobre cuál será su posición frente al Tratado Comercial y de Inversiones Transatlántico TTIP entre la Unión Europea y Estados Unidos, sin embargo sus opositores dejaron en evidencia este fin de semana su firme rechazo, con una masiva protesta internacional en las principales ciudades del mundo.
Más 1,5 millones firmas recogió la campaña en sólo Europa, de acuerdo a Stop TTIP Italia.
En España la Organización Terra destacó que decenas de miles de personas llegaron el 18 de abril al centro de Madrid con el lema “las personas y el planeta no somos mercancía”.
“53 localidades han organizado actos a nivel estatal. En todo el planeta, la lista de actividades programadas asciende a 734 en 46 países. El objetivo de denunciar públicamente un tratado que se negocia en secreto, ha sido alcanzado con creces”, informó la organización.
Sin embargo tal como lo dice el europarlamento el 14 de abril, el documento final que preparan los diputados de la Comisión por el Comercio Internacional, para la firma, sigue en curso. El 13 de abril los miembros debatieron 898 enmiendas presentadas al texto de su presidente Bernd Lange. Su votación será será en mayo.
Lange, presidente de la Comisión y relator del reporte de las negociaciones con e Estados Unidos, comunicó en enero pasado que para aprobar el acuerdo están analizando «la resolución que permite a los inversionistas citar a juicio un Estado por la pérdidad de sus ganancias», sin dar mayores detalles. El Lunes pasado agregó que «es absolutamente escencial obtener una mayoría.
Entre los argumentos contrarios que destacaron algunos diputados españoles después de un año en que Obama el 12 de marzo de 2013 anunciara el inicio de las conversaciones del TTIP, es el secreto y la evasión a la justicia.
“Uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo que utiliza el TTIP para la solución de controversias inversor-Estado: permite a los inversores estar al margen de la justicia y presentar sus quejas directamente a los «tribunales internacionales de arbitraje», a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas”, destacó la diputada Laia Ortiz, el economista Ernest Urtasun y el diputado y economista Alberto Garzón.
Para ello cuentan con dos estrategias, comentó recientemente Verónica Gómez de la Comisión Internacional ATTAC España. “La primera es la creación del“Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”. Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo tras finalizar las negociaciones del TTIP”.
“Más allá todavía, el objetivo es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente, apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos alternativos, podrían ser rechazadas o“suavizadas” para asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio”, destacó la Sra. Gómez, según declaraciones del 13 de abril a través de Nueva Tribuna.
En el mes de septiembre el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía 2011, Joseph Stiglitz también manifestó su opinión totalmente contraria al acuerdo.
“Es un pésimo acuerdo, harán mejor no firmarlo. No se trata sólo un acuerdo de libre comercio”, dijo Stiglitz.
A su vez explicó que se puede firmar un acuerdo de libre intercambio con Estados Unidos, pero eso significa que ambos países eliminan tarifas, ambos eliminan barreras, y “EE.UU. no está interesado en el libre intercambio. Quiero ser bien claro, EE.UU. quiere un pacto de gestión del comercio con intereses particulares en EE.UU., ni siquiera intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. Quieren que nuestros representantes desconozcan lo que están negociando en esta firma. Esta es la razón por la que la USTR (Representación oficial de Comercio en EE.UU.) se negó a revelar las negociaciones en curso incluso a los miembros del Congreso”.
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