La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió siete fichas rojas y 12 azules para ubicar, detener y en su caso extraditar a 18 colaboradores cercanos a Guillermo Padrés Elías, así como al mismo exgobernador. Todos son considerados como prófugos de la justicia por incurrir en actos de corrupción.
Según la nota de Excelsior, Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, advirtió que en los próximos días la cifra podría llegar hasta 22 exfuncionarios fichados por la Interpol, los cuales están sujetos a procesos penales con investigaciones muy avanzadas y elementos suficientes para determinar su culpabilidad.
«Hay algunas fichas de Interpol que se consiguieron en conjunto con la federación y otras que son independientes de la Fiscal Anticorrupción en Sonora, su titular Odracir Espinoza estuvo en la Ciudad de México más de una semana trabajando con la Procuraduría de General de la República, cada una de las fichas es para un caso para un sujeto, cada individuo es buscado a través de una ficha de Interpol”, aseguró Salvador Ávila.
Entre los sospechosos buscados mediante una ficha roja, destaca el propio exgobernador Guillermo Padrés; su secretario de Gobierno, Roberto Romero López; y la exdiputada local panista Mónica Robles Manzanedo; el resto de los inculpados en actos de corrupción no fueron dados a conocer por respeto al debido proceso, pero todos son exfuncionarios de primer nivel, directores de área o Secretarios de Estado.
El portavoz de la Fiscalía Anticorrupción explicó que los exfuncionarios que son buscados mediante una ficha roja podrían ser localizados, detenidos y extraditados al país para que respondan ante la justicia; mientras que a los boletinados con ficha azul se les impedirá su ingreso a otros países o que puedan salir de México.
Actualmente la Fiscalía Anticorrupción de Sonora está integrando 317 averiguaciones previas en contra de exfuncionarios del sexenio de Guillermo Padrés, quienes según las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado causaron un daño patrimonial al erario público de alrededor de 35 mil millones de pesos.
Los principales delitos que se investigan son peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, operación con recurso de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones y facultades.
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