La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró lo que llamó “medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela, en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país”.
En un comunicado divulgado el martes, la CIDH llamó al Estado venezolano a cesar estas medidas y dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH condenó especialmente el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones sobre lo cual la comisión ha expresado su preocupación.
Venezuela: Saludamos que Ministerio Público inicie investigaciones sobre muertes, tortura y detenciones arbitrarias https://t.co/NDEtGtEjnl
— CIDH (@CIDH) May 10, 2017
Según cifras recién publicadas por el Ministerio Público, 36 personas han fallecido y al menos 757 han resultado heridas, en el marco de las manifestaciones ocurridas en el país. De las víctimas fallecidas, cuatro eran adolescentes.
El comunicado de la CIDH indica que preocupa el número de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han registrado 1.991 detenidos desde el 4 de abril hasta la fecha del comunicado.
Por otra parte, el comunicado de la CIDH destaca que altas autoridades estatales usan los medios de comunicación para estigmatizar y criminalizar, calificando como “terroristas” o “insurgentes armados” a quienes convocan y participan en manifestaciones, al tiempo que se ha reportado un aumento de ataques y detenciones arbitrarias de periodistas y la censura a medios de comunicación nacionales e internacionales.
La CIDH expresó profundamente preocupada por el estado de incomunicación en el que permaneció el dirigente político Leopoldo López desde el inicio de las protestas hasta el 8 de mayo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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