El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos afirmó que el nuevo acuerdo de paz con las FARC «es de todos los colombianos», incluidos los opositores al primer texto, que fue rechazado en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
«Sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo que ahora es de todos» dijo Santos en una alocución horas después de que el nuevo acuerdo fuera firmado en La Habana por los jefes negociadores del Gobierno y de las FARC.
El jefe de Estado destacó que recogieron las propuestas de los ex-presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, los dos principales opositores al primer acuerdo de paz.
Afirmó que recibieron las iniciativas que propusieron otros opositores como el Centro Democrático, dirigentes conservadores, la Iglesia y otras organizaciones religiosas y sociales, empresarios, sindicatos, las Altas Cortes y varios magistrados.
En total, lograron «precisiones, ajustes y cambios» en 56 de los 57 temas abordados con los opositores y posteriormente planteados a las FARC.
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El único punto en que no consiguieron avances- según reconoció Santos- fue en «que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos» para cargos públicos.
«Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar», admitió Santos.
En este sentido, comentó que las FARC tienen «un origen político» y su intención para el futuro «es poder hacer política sin armas».
Uno de los éxitos que resaltó del nuevo acuerdo de paz es que «las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar a las víctimas».
Otra de las críticas de ambos sectores fue que se definiese con mayor claridad «en qué consistía la restricción efectiva de la libertad» en el primer acuerdo de paz.
Ahora el tribunal debe fijar en cada caso «los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena», que nunca serán más grandes que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), los puntos donde se reunirán las FARC como paso previo a su desmovilización.
Asimismo definirán los horarios en los que deben cumplir las sanciones los guerrilleros, establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la pena e imponer «el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción».
Por último, ese tribunal será el encargado de «señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción».
Con todos esos elementos en el nuevo texto, Santos dijo «con humildad» que el nuevo acuerdo «es mejor» que el original.
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